El ex presidente Carlos Mesa, Vocero de la Causa Marítima Boliviana, en la entrega del “Libro del Mar” el 17 de junio del 2013. | Foto ABI

Una polémica que varios líderes de opinión consideraron inoportuna, enfrentó al comenzar esta semana a un Ministro que integra el gabinete del presidente Evo Morales con el ex presidente Carlos Mesa Gisbert, puntal principal en la estrategia oficial de reivindicación marítima. La rencilla desatada por el ministro de Trabajo Gonzalo Trigoso puso en vilo la relación de Mesa con el actual régimen.

El entredicho se produce en un momento político donde la frágil relación entre Mesa y Evo Morales está atravesada por posiciones discrepantes respecto a la posible re-postulación del actual Presidente mediante el referéndum de febrero.

El incidente como tal estalló el domingo, según Erbol, cuando el ministro Trigoso planteó un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa con el fin de establecer la participación del ex presidente en una represión policial ocurrida durante su gobierno, el año 2003, contra una movilización de jubilados.

La polémica se generó el jueves cuando el Ministerio de Trabajo publicó varias notas y un video en los cuales se afirma que hubo una “represión policial y militar con gases lacrimógenos, tanques y armamento de guerra”, contra los jubilados el 15 de enero de 2003, durante el gobierno de Mesa.

El expresidente respondió afirmando mediante una carta pública que el Ministerio “falta a la verdad” y “tergiversa”. Argumentó que el bloqueo de jubilados en Calamarca fue levantado mediante una “acción pacífica de la policía”.

La policía en 2003 obligó  a los jubilados a subirse a buses para llevarlos a sus lugares de origen, pero uno de esos vehículos chocó de frente con otro motorizado y varios rentistas murieron, como resultado del accidente, mas no de la represión policial.

En una entrevista con el canal estatal, el Ministro de Trabajo recomendó que si Mesa quiere demostrar su inocencia, “se haga un juicio de responsabilidades”.

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, dijo a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que está dispuesto someterse a juicio de responsabilidades, pero después de que el gobierno de Evo Morales evalúe sobre cómo administró los conflictos sociales durante estos 10 años al frente del Estado.

La propuesta de Trigoso no tuvo eco alguno en las esferas gubernamentales; pero generó un cuadro de tensión entre el ex Presidente y el gobierno de Morales, ante lo cual surgieron voces oficiales intentando aplacar al Ministro de Trabajo.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, pidió que no haya excesos en las declaraciones contra del expresidente Carlos Mesa, y pidió al ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, reflexionar sobre su sugerencia de llevar al vocero de la demanda marítima a juicio de responsabilidades, informó Erbol.

Carlos Mesa mostró su “tranquilidad” porque el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que exista alguna decisión e intención del Gobierno de enjuiciarlo por la muerte de varias personas de la tercera edad cuando se desempeñaba como Presidente interino (era, en realidad, Vicepresidente) ante un viaje de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desautorizó de esa manera el anuncio del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.

José Antonio Sivilá, Secretario Ejecutivo de Asofin, explica el actual panorama microfinanciero. | Foto ANF

La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) reportó este miércoles una disminución en clientes y en participación crediticia el 2015. La situación es “preocupante” para el secretario ejecutivo, José Antonio Sivilá, debido a que las siete entidades asociadas a Asofin tienen como principal fuente de ingresos la otorgación de créditos para pequeños y medianos empresarios.

En lo que se refiere a clientes, entre 2013 y 2015 la Asofin perdió 24.805 clientes, que representan el 3,3%. El año 2013, las siete microfinancieras cerraron con un total de 740.002 clientes, el 2014 se registró un leve descenso a 738.286 usuarios y en 2015 se llegó a 715.197 clientes.

“Este es un aspecto que nos preocupa porque básicamente las entidades de Asofin somos colocadoras de créditos, esa es nuestra principal actividad, nuestro principal rubro. Entonces el hecho de que perdamos clientes es algo que nos preocupa y nos debe llamar la atención y a la reflexión a todas las autoridades del ámbito financiero”, informó Sivilá.

Las dos razones que habrían provocado esta reducción de clientes, según Sivilá, son la aparición de entidades financieras no reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) que ofrecen créditos a menor tasa de interés, y la elevación del crédito promedio por parte de las asociadas a Asofin.

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Varinia Buitrago Hurtado, hija del periodista Jaime Buitrago Romero, desapareció el miércoles y su familia la busca con desesperación. La joven no volvió a su hogar. | Foto tomada de Oxígeno

Varinia Michelle Buitrago Hurtado de 21 años de edad, hija del periodista Jaime Buitrago Romero, no aparece desde la tarde del miércoles cuando salió de su casa, ubicada en la zona de Cotahuma, para encontrarse con un amigo a tomar un café.

“Vestía un pantalón azul oscuro, polera ploma, una capucha ploma y una chaqueta negra de algodón y zapatillas beige”, informó a ANF la madre de la joven, Erika Hurtado.

Hurtado contó que al pasar las horas y no llegar Varinia a su casa llamó al amigo con quien supuestamente debía encontrarse, pero éste le dijo que nunca quedaron en verse.

Los familiares hablaron con otros amigos de la joven, pero nadie dio información sobre su paradero.

Hurtado dijo que este jueves debía realizar la denuncia formal por la desaparición pero por cambios en el memorial no pudo concretarse y por esta razón posiblemente deban esperar hasta el lunes.

Cualquier información sobre el paradero de la joven será recibida por los familiares mediante los teléfonos 79587226 y 71266991.

La magistrada Mónica Limachi Rosas, con mantilla roja, y la ministra Virginia Velazco Condori, abogadas aymaras en la función pública del Estado Plurinacional. | Fotomontaje Sol de Pando

Lo novedoso de la ministra Velazco Condori y la magistrada Limachi Rosas es que ambas abogadas en función pública vienen protagonizando una controversia legal que pone de manifiesto la contradicción principal en que se debate el llamado proceso de cambio: La lucha entre la corrupción y la transparencia, de cuyo devenir depende el futuro revolucionario de Bolivia con su profundización libertaria de la democracia, o con su retroceso desde el populismo prebendal y autoritario….

UNA MINISTRA DESDE ABAJO Y PARA ABAJO
La doctora Virginia Velazco Condori se integró al gabinete del presidente Evo Morales como Ministra de Justicia, el 23 de enero del pasado año 2015. Nació en la comunidad de Caicoma, municipio de Laja, capital de la provincia Los Andes del departamento de La Paz; radica en la ciudad de El Alto.
Titulada como Licenciada en Derecho de la Universidad Salesiana de Bolivia (USB), se desempeñó como abogada en el ejercicio libre, incursionando en varios ámbitos de la profesión. Durante su trayectoria, la nueva autoridad tuvo relacionamiento con varias organizaciones sociales.
En su desempeño sorprendió a la opinión pública al dejar su despacho durante el pasado mes de octubre para “infiltrarse” como “ciudadana encubierta” en varios juzgados del territorio nacional y dependencias del Ministerio Público, para realizar trámites de rutina, afán en el cual fue varias veces maltratada por jueces y fiscales que la confundieron como una “chola cualquiera” sin saber que era la Ministra de Justicia. Aquellos ingeniosos y valientes “operativos sorpresa” le permitieron constatar “in situ” el grado de corrupción e ineficiencia que prevalece en algunos niveles medios del sistema judicial, identificando personalmente a malos funcionarios en juzgados de Quillacollo, Montero, Yacuiba y otras ciudades principales e intermedias del país.
En una entrevista publicada por La Razón, la ministra Velazco Condori declaró haber sentido “un profundo dolor, como autoridad y como mujer”, al experimentar el maltrato que reciben los ciudadanos comunes en tales reparticiones del Poder Judicial. “Imagínese, si a mí me han tratado de esa forma, pienso que el pueblo boliviano sufre más”, dijo.
“No porque se es de poncho o pollera se va a discriminar. La Constitución establece que estamos en democracia y no es posible que se discrimine. Todos merecemos respeto ante la ley”, declaró en otra entrevista publicada por El Deber.
Fue declarada “Hija Predilecta” del municipio de Achacachi.

En diez años de vigencia, el Estado Plurinacional de Bolivia abrió un nuevo resquicio de participación popular ampliando el componente social de la administración pública, con la presencia de profesionales que en pasados regímenes eran marginados por su condición étnica o su bagaje cultural. Este avance es visible con el creciente protagonismo de mujeres de pollera que migraron del campo a la ciudad tras el objetivo de obtener educación universitaria, y lo lograron sin abandonar su identidad.

Es el caso de la actual ministra de Justicia Virginia Velazco Condori y la Delegada por La Paz en el Consejo de la Magistratura Mónica Limachi Rosas, mujeres aymaras, las dos, y abogadas de profesión.

No son las primeras “cholas” (así decimos en Bolivia a las indígenas mestizas que visten a la usanza colonial imitando a las damas sevillanas dieciochescas), pues antes de ellas sus cargos ya fueron ocupados por otras mujeres de pollera; lo cual indica que en el campo del Derecho, a diferencia de otras profesiones como la Medicina, este género halló oportunidades seguras para su realización profesional.  En el Estado Plurinacional hay cada vez más cholitas abogadas, así como periodistas, profesoras o secretarias desempeñándose con idoneidad en la administración pública y el sector privado.

Entre polleras limpias no hay componendas

Lo novedoso de la ministra Velazco Condori y la magistrada Limachi Rosas es que ambas abogadas en función pública vienen protagonizando una controversia legal que pone de manifiesto la contradicción principal en que se debate el llamado proceso de cambio: La lucha entre la corrupción y la transparencia, de cuyo devenir depende el futuro revolucionario de Bolivia con su profundización libertaria de la democracia, o con su retroceso desde el populismo prebendal y autoritario.

Esta semana, la ministra de Justicia Virginia Velasco Condori instruyó investigar a la delegada del Consejo de la Magistratura Mónica Limachi Rosas acusada de favorecer, mediante tráfico de influencias, a familiares suyos que estarían implicados en un caso de despojo de una propiedad de 13 mil metros cuadrados en la provincia Loayza que pertenece a una anciana inválida de 87 años. Limachi se defiende y contraataca amenazando con enjuiciar a la Ministra por difamación y calumnias.

Según informó la red Erbol el pasado 19 de enero, la ministra de Justicia Virginia Velasco Condori instruyó una “investigación minuciosa” a la delegada del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi Rosas, cuya familia estaría implicada en un caso de supuesto despojo inmobiliario a una anciana.

De acuerdo a la denuncia planteada por la ciudadana Zoraida Aquino a través de Erbol, “familiares de Limachi despojaron un terreno de 13 mil metros cuadrados en la provincia Loayza que pertenece a su abuela de 87 años que no se puede mover y sólo vive de su Renta Dignidad, llamada Casimira Huertas”.

La abogada de la anciana Huertas, Claudia Castro, explicó que el esposo de Martha Limachi (hermana de Mónica) allanó y se benefició de la estancia que pertenece a la anciana. Luego, el cuñado de la magistrada Limachi Rosas fue aprehendido y un juzgado de Sica Sica lo benefició con detención domiciliaria que debe cumplir en la misma estancia que supuestamente despojó a la anciana. Los denunciantes presumen que hubo tráfico de influencias para esta determinación.

Enterada del caso, la ministra Velasco Condori ordenó una investigación. “Vamos a ser drásticos en eso de que se haga una investigación minuciosa. Que revisen los abogados bien. La abuelita tiene que estar con sus terrenos, no puede ser que le quiten”, dijo la autoridad a Erbol. “No por el hecho que sea del Consejo de la Magistratura la doctora Limachi puede estar haciendo sufrir a gente humilde de la tercera edad”, agregó la Ministra.

Los descargos de Mónica Limachi

UNA MAGISTRADA ENTRE LUCES Y SOMBRAS
El 9 de julio del pasado año, la abogada Mónica Limachi Rosas fue posesionada como la nueva responsable departamental del Consejo de la Magistratura en La Paz. Anteriormente había ocupado los cargos de Auxiliar de Sala Penal, Secretaria de Tribunal, Defensora Pública, Juez y Fiscal tanto en la ciudad de La Paz como en provincias de este departamento. Se tituló como Licenciada en Derecho dentro la Universidad Mayor de San Andrés el año 2005, con la especialidad de Derecho Penal.
Según se aprecia en una foto suya que figura el registro de su matrícula en el Colegio de Abogados de La Paz, Mónica habría evadido la discriminación racial en las aulas universitarias ocultando su condición de “chola”, vestía como una estudiante urbana con jeans en vez de polleras. Volvió a usar su atuendo originario cuando incursionó en política para acceder a puestos judiciales en el Estado Plurinacional.
Su gestión es muy accidentada desde sus inicios. Fue varias veces denunciada por irregularidades en sus funciones como jueza en el municipio de Viacha y en la localidad de San Andrés de Machaca, a tal punto que un ciudadano exigió la destitución del presidente nacional del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, por haberla designado desde Sucre como delegada de ese organismo judicial en La Paz sin cumplir ciertos requisitos legales.
Siguiendo una publicación del diario Página Siete del 16 de junio del 2015, Limachi Rosas habría prevaricado como jueza de Viacha en supuesta componenda con un diputado del MAS, Rubén Chambi, quien se habría apropiado de un terreno agrícola perteneciente a una familia campesina que acusó al diputado de haber protegido a un violador de su hija de 16 años. El violador, informó Página Siete, “fue aprehendido y puesto a disposición de la jueza cautelar de Viacha, Mónica Limachi Rosas, quien remitió a la cárcel de Chonchocoro, pero curiosamente salió en libertad después de más de un mes con el beneficio de cesación de la detención preventiva con arresto domiciliario”.
No obstante esos antecedentes negativos, la doctora Mónica Limachi como Delegada del Consejo de la Magistratura, muestra esfuerzos encomiables por moralizar la justicia en el departamento de La Paz. En septiembre del 2015 intervino el Juzgado Sexto de Partido de Familia a raíz de denuncias sobre retardación de justicia. Posteriormente intervino las 12 oficinas de Derechos Reales, detectando rutinarias irregularidades.
En octubre pasado, tras verificar retardación de procesos, malos tratos del personal judicial y otras irregularidades, procedió a rotar a las autoridades de un asiento judicial a otro con el objetivo de mejorar la imagen de la justicia; entonces fue objeto de amenazas junto al equipo fiscalizador del Consejo de la Magistratura.
También inició procesos administrativos y penales contra 544 funcionarios judiciales entre oficiales, auxiliares y jueces.
En noviembre del 2015 denunció y logró la destitución del juez Marcelo Barrientos que fue filmado pidiendo dinero al familiar de un acusado de violación.
“Tratan de intimidarte, pero no lo van a lograr, porque lo que estoy haciendo es un trabajo que debe haber un cambio efectivo en la justicia, porque ya es intolerable esperar otro tiempo más y gracias a Dios me ha dado esta oportunidad de estar en este cargo y todo lo que se lo voy a plasmar y dar vida a esas leyes”, declaró en una nota publicada por la Agencia Boliviana de Noticias.

Por su parte, la magistrada Mónica Limachi negó las denuncias en su contra y anunció que iniciará un proceso por difamación y calumnia contra quienes la acusaron.

“Esta denuncia es falsa, voy a dar a conocer mediante certificado emitido por el Tribunal de Sentencia de Sica Sica que los procesados dentro de este hecho están involucrados el señor Vladimir Aquino (quien sería su cuñado) y como parte denunciante está la señora Casimira Huertas (…). Mi persona jamás ha cometido un hecho irregular”, explicó la autoridad judicial según Erbol.

“Tal vez la ministra Virginia Velasco ha sido sorprendida en su buena fe (…), lo único que quieren es acallarme en la labor que estoy realizando, he recibido amenazas de muerte por celular y mensajes, me están iniciando un proceso de difamación por denunciar a estas autoridades a quienes mi persona ha denunciado y ha hecho conocer cómo está la justicia. Algunos jueces tienen hasta 38 procesos y eso no es mentira”, afirmó Limachi Rosas.

Las acciones que asumirá la magistrada se traducirán, dijo, en un proceso penal por difamación y calumnia contra Soraida Aquino Figueredo y su abuela Casimira Huertas, quienes habrían gestado la denuncia en su contra. Limachi informó que también procesará a la abogada Claudia Castro, quien es patrocinante de Huertas y la denunció por supuestamente Limachi perjudicarla en una postulación a jueza.

“También iniciaré un proceso contra la doctora Claudia Castro quien ha sido postulante a juez Tribunal Primero de Sentencia, la cual de acuerdo al informe emitido, la ciudadana no habría cumplido con los requisitos y fue eliminada en la primera fase de presentación de documentos”, explicó.

Según la misma red Erbol, Limachi Rosas informó que igualmente presentará una denuncia por difamación, calumnias e injurias contra la Ministra de Justicia que instruyó investigarla por el caso en cuestión.

Empecemos por decir que los diez años de gobierno ininterrumpido del presidente Morales son en Bolivia una excepción, no una regla. Sobre esa evidencia, sería miope no asumir que se trata de un momento relevante que convierte de hecho a Morales y a su proceso político en uno de los más importantes de la República (es fundamental no olvidar que la CPE define a Bolivia como una República).

Su peso tiene que ver con dos elementos, el tiempo de duración del gobierno que está ya en su tercer mandato consecutivo —al que aún le quedan cuatro años de gestión— y la naturaleza del proyecto propuesto.

¿Por qué será recordado Evo Morales si su gobierno terminase hoy?

Primero, por ser el primer Presidente indígena de nuestra historia. Más allá del hecho en sí mismo, porque ese carácter indígena fue un pilar fundamental del discurso y la acción del gobierno.

Segundo, por la Constitución de 2009 y algunos de los elementos que ha incorporado: el concepto de Estado Plurinacional con el reconocimiento de treinta y seis pueblos indígenas. La combinación de la ciudadanía individual y la plural o colectiva. La especificidad de los derechos de las llamadas naciones indígenas, entre los que se cuenta el reconocimiento constitucional de la justicia comunitaria. La incorporación de las autonomías departamentales, regionales e indígenas. La afirmación de los derechos de las mujeres y la ampliación de derechos y garantías ciudadanas. En contrapartida, tiene varios defectos por sus premisas maximalistas, contradicciones en su articulado y deificación de la idea de participación ciudadana (elección judicial, control social, etc.). Irónicamente, fue un texto aprobado sin debate y en un escenario de violencia.

Tercero, por el retorno del rol dominante del Estado en la economía a partir de la nacionalización de algunas empresas, la recompra de otras y la reformulación de contratos —incremento de impuestos incluido— con las operadoras petroleras.

Cuarto, por haber coincidido con el momento de mayor bonanza económica que recordemos. Nunca antes se había producido un nivel de precios internacionales de nuestras materias primas que incrementara tanto su valor. Tomemos un ejemplo ilustrativo: El precio del petróleo tuvo entre 1996 y 2005 un promedio de 25 dólares. En 2008 llegó a 147 dólares y ha tenido un promedio entre 2006 y 2015, de 82 dólares. Este desempeño es equivalente para minerales como el estaño, el zinc y la plata y para productos agroindustriales como la soya y derivados. En virtud de ello, entre 2006 y 2015 Bolivia exportó 78.000 millones de dólares, contra 17.000  millones en el periodo 1996-2005; casi cinco veces más en un tiempo similar. La dimensión de esas cifras y un inteligente manejo macroeconómico, permite entender las extraordinarias oportunidades que ha tenido el gobierno para encarar emprendimientos de salud, educación, saneamiento básico, infraestructura, telecomunicaciones e industria, que han dado lugar a avances significativos en la reducción de pobreza, aumento de poder adquisitivo, movilidad social con la aparición de una nueva clase media y la consecuencia de un ensanchamiento muy importante de la demanda interna.

Quinto, su proyección internacional única. La demostración de que el país puede sostener una posición digna e independiente y una política marítima que puede conseguir una negociación que nos de un acceso soberano al mar.

¿Cuáles son los déficits más relevantes del modelo? El autoritarismo basado en la premisa de la construcción de un poder hegemónico, cuyo objetivo es el control del poder total y la subordinación de los órganos del Estado al Órgano Ejecutivo. No ha abierto ningún vaso comunicante con la oposición y se ha basado en una lógica centralista poco flexible a la aplicación real de un Estado de autonomías.

Su apuesta se apoya en el rentismo extractivista y en un paradigma desarrollista anclado en la segunda mitad del siglo pasado. Hay una falta de concordancia entre la retórica del “Vivir Bien” y la realidad de una sociedad materialista y mercantilista poco proclive a la visión comunitaria y solidaria. El discurso ambientalista está en dramática contradicción con la filosofía real del gobierno sobre el tema (TIPNIS). El Pacto Social quebrado en 2003 no se ha recuperado en 2009. Nuestra fragilidad institucional y el razonamiento de que la algarada callejera resuelve cualquier conflicto, sólo se atenúa por la fuerza y legitimidad del Presidente. La revolución ética, una vez más, se enfrenta con la realidad de la penetración de la corrupción. Nuestra desastrada justicia sigue hundida en la ineficiencia y la falta de probidad. La gravitación del narcotráfico y el incremento de la inseguridad ciudadana, son más que preocupantes.

En el balance, sin embargo, es imprescindible reconocer de nuevo que el gobierno de Evo Morales está sin duda entre los más significativos de nuestros casi dos siglos de vida independiente.

Obreros de la hidroeléctrica de San José ejercen acción directa tomando instalaciones de Sinohydro en el municipio de Colomi. También los trabajadores del proyecto caminero Ichilo-Ivirgarzama que ejecuta la misma empresa china, realizan un paro movilizado. | Foto Los Tiempos

En diciembre del 2012 este medio comunicó a autoridades del Gobierno sobre diez juicios laborales y civiles que Sinohydro enfrentaba en Ecuador al ejecutar un proyecto hidroeléctrico que colapsó dos años después con un saldo de 13 muertos. No obstante Sinohydro se adjudicó un proyecto hidroeléctrico y otro caminero que ejecuta simultáneamente en el trópico de Cochabamba, violando leyes laborales del país y apropiándose indebidamente de tierras campesinas sin pagar las correspondientes indemnizaciones…

Autoridades de Ende y un ejecutivo de Sinohydro firman el contrato para construir la Hidroeléctrica de San José, el 25 de junio del 2014, con asistencia del presidente Evo Morales | Foto ABI

El 16 de diciembre del año 2012, pocos días después de que la empresa china Sinhydro Corporation firmara un pre-acuerdo con la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) para concluir estudios técnicos del proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza en el norte amazónico del país, Sol de Pando advirtió que dicha empresa enfrentaba en ese preciso momento diez denuncias judiciales en el Ecuador, país donde Sinohydro venía construyendo con graves irregularidades la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair que está ubicada en la región amazónica de la provincia Pichincha. Dos años después de tal denuncia, en diciembre del 2014, un túnel del proyecto Coca-Codo Sinclair colapsó por mal diseño e incorrecta ejecución; el derrumbe mató a varios obreros ecuatorianos y técnicos chinos.

El 12 de diciembre del 2012, en La Paz, el Ministerio de Hidrocarburos y la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) suscribieron un Memorándum de Entendimiento con la empresa china. En dicho acto, el representante de Sinohydro, Yang Tiejun, informó a la contraparte boliviana que esta empresa controlaba una inversión de 2.000 millones de dólares en la hidroeléctrica ecuatoriana Coca-Codo Sinclair, y que la experiencia alcanzada en esa obra por Sinohydro pretendían sus ejecutivos “trasladarla al proyecto de Cachuela Esperanza”.

Sin embargo los empresarios chinos no habían comunicado al Estado boliviano sobre al menos diez juicios laborales y civiles que esta empresa enfrentaba en varios juzgados ecuatorianos. Sinohydro tenía seis procesos en juzgados de trabajo por incumplimientos en haberes e indemnizaciones laborales, y otros cuatro juicios civiles por estafa e incumplimiento de contratos.

La fuente de Sol de Pando en Quito precisó que Sinohydro es acusada, entre otros cargos, por presuntos delitos de peculado y uso fraudulento de los recursos que recibe del Gobierno ecuatoriano. Una empresa privada local, subcontratista de Sinohydro, había denunciado que la constructora china cobraba un sustancial sobreprecio al Estado ecuatoriano (representado por la empresa pública Coca-Sinclair) por cada metro de construcción de los campamentos en la hidroeléctrica que está a cargo de la subcontratista Sakoto. El empresario subcontratista denunció que Sinohydro pagaba a Sakoto 179 dólares para cada metro construido, mientras la misma contratista china cobraba a la estatal Coca-Sinclair 800 dólares, hecho tipificado como delito de peculado y estafa.

La Dirección de Sol de Pando transmitió esa información al entonces Gerente interino de Ende, ingeniero Arturo Iporre, quien confirmó que el Gobierno tenía conocimiento —por la información que proporcionó la misma Sinohydro— sobre la ejecución de un proyecto hidroeléctrico en el Ecuador a cargo de esta empresa; sin embargo Iporre afirmó que no conocía sobre los referidos problemas judiciales en territorio ecuatoriano. El ejecutivo anticipó que efectuaría las averiguaciones oficiales correspondientes y que además transmitirá dicha información al Gerente titular de Ende que se encontraba de viaje. “Yo me encuentro en la Gerencia de Ende en un reemplazo muy provisional”, dijo Iporre.

Con respecto al Memorándum de Entendimiento suscrito entre Ende y Sinohydro el 12 de diciembre para impulsar la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, Iporre aclaró que dicho documento “no compromete en absoluto la ejecución del proyecto de Cachuela Esperanza”, remarcando que la empresa china se limitaría a revisar la documentación técnica, de diseño y factibilidad del proyecto, “y sobre esa base Sinohydro presentará en 90 días al Gobierno de Bolivia una propuesta que nosotros veremos en su momento si es pertinente o no, tomando en cuenta todos los factores a favor y en contra”. El Gerente interino de Ende precisó que el estudio sería realizado con recursos propios de dicha empresa china.

Se desconoce a la fecha el resultado de dicho estudio efectuado por Sinohydro en Cachuela Esperanza.

Sinohydro logra instalarse en el Chapare

El 4 de abril del 2014 el presidente Evo Morales celebra la firma del contrato entre Sinohydro y la ABC para construir la doble vía asfaltada Iivirgarzama-Ichilo. | Foto ABI

No obstante que la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) tenía conocimiento pleno de los antecedentes judiciales de Sinohydro en Ecuador, una vez que tal información fue transmitida en diciembre del 2012 al entonces gerente interino de Ende cuando Sol de Pando le consultó al respecto, el 25 de junio del año 2014 la misma Ende, a través de su subsidiaria estatal Guaracachi, suscribió un contrato con la cuestionada empresa china para la construcción de una hidroeléctrica en el trópico de Cochabamba, municipio de Colomi, por un monto de 235 millones de dólares. Se trataba del proyecto San José diseñado para generar un total de 124 megavatios mediante dos centrales.

Y dos meses antes, el 4 de abril del 2014, el la misma Sinohydro se adjudicó otro millonario contrato en el Chapare, suscrito con la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC) para la construcción del camino asfaltado de doble vía entre Ichilo e Ivirgarzama, sobre la ruta Santa Cruz – Cochabamba, en un tramo de 63 kilómetros que debía ejecutarse en 24 meses con una inversión de $us 144 millones; todo ello a pesar de que la empresa china no tiene experiencia confiable en construcción de carreteras, siendo su especialidad el montaje de usinas hidroeléctricas.

La firma de ambos contratos adjudicados por Sinohydro —con la ABC el 4 de abril del 2014 y con ENDE el 25 de junio del mismo año— se realizó con asistencia del presidente Evo Morales.

Mientras Sinohydro consumaba la firma de ambos contratos en Bolivia, en abril del 2014 su “obra estrella” en la amazonia ecuatoriana, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, colapsó por defectos en su diseño y construcción provocando la muerte de diez obreros ecuatorianos y tres técnicos chinos, con decenas de heridos. Las autoridades ecuatorianas informaron sobre el derrumbe de un túnel de la sala de máquinas de la central. La investigación respectiva concluyó responsabilizando del desastre a la empresa china.

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Conflictos laborales chinos en Bolivia

El pasado 22 de enero, más de 400 obreros de la empresa Sinohydro que construye la doble vía Ivirgarzama- Ichilo se declararon en huelga de hambre en protesta por el incumplimiento a normas laborales y la atención de un pliego de seis puntos. Los trabajadores ya venían cumpliendo un paro indefinido desde el 14 de enero.

El matutino cochabambino Los Tiempos remarcó que se trata de la quinta vez en 14 meses que las obras de la doble vía Ivirgarzama- Ichilo se paralizaban a causa del conflicto laboral no resuelto entre la empresa china y los obreros bolivianos.

Según Los Tiempos,  el dirigente de los obreros de Sinohydro Osvaldo Delgadillo dijo que la obra caminera está paralizada mientras la empresa no atienda el pliego petitorio entre cuyas demandas figuran la exigencia de estabilidad laboral y la dotación de ropa de trabajo. Manifestó que estos derechos fueron reclamados hace un año sin ninguna respuesta hasta la fecha. Denunció que los ejecutivos de la empresa china se negaban a la negociación colectiva en el campamento de Ivirgarzama, forzando a los obreros demandantes comparecer ante la Dirección del Trabajo en la ciudad de Cochabamba. La medida se agrava con la huelga de hambre en curso y movilizaciones callejeras que los obreros afectados emprenden desde este miércoles en las calles de Cochabamba.

El asesor legal de Sinohydro en el área laboral, Mauricio Rodríguez, lamentó el perjuicio por la paralización de los trabajos.  “Desde el 13 de enero hemos pedido al Ministerio de Trabajo mediar”, dijo a Los Tiempos. Explicó que luego de tres intentos de reunión, el 14 de enero los obreros declararon paro indefinido.

La medida se agrava con la huelga de hambre en curso y movilizaciones callejeras que los obreros afectados emprenden desde este miércoles en las calles de Cochabamba.

Simultáneamente, el 12 de enero, los trabajadores que construyen la planta hidroeléctrica San José tomaron el campamento de la empresa china en una nueva protesta exigiendo se cumpla la Ley del Trabajo. Alrededor de 600 obreros bolivianos contratados para ejecutar ala obra se hallan en vigilia en las instalaciones intervenidas.

Periodistas de Los Tiempos visitaron la planta hidroeléctrica en el municipio de Colomi y constataron la denuncia obrera de que el trato por parte de los empresarios chinos “es inhumano”. El campamento no cuenta con comedor abastecido ni dormitorios adecuados. Contaron que la cocinera tuvo que sacar restos de la basura para preparar los alimentos y deben dormir con ratas.

El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Hidroeléctrica San José, Ronald Sánchez, indicó que en más de un año y medio de trabajo las peticiones de los trabajadores no fueron atendidas. “Nunca se ha dado el cumplimiento adecuado a la Ley General del Trabajo. Actas más actas, acuerdos, más acuerdos pero nada tiene ejecución ni cumplimiento (…) Primero que nada está la alimentación, los implementos de seguridad, los malos tratos y la discriminación de parte de la gente extranjera que tenemos como jefes”, indicó.

Sinohydro también viola derecho propietario de comunarios

Pero además de los severos conflictos laborales que enfrenta Sinohidro con sus trabajadores en los dos proyectos (hidroeléctrico y carretero), la empresa china estaría asimismo vulnerando derechos propietarios de los comunarios que cedieron sus terrenos para la construcción de las obras.

Según informó ayer la Agencia de Noticias Fides (ANF), los pobladores de los municipios de Ivirgarzama e Ichilo decidieron realizar un bloqueo a Sinohydro, que construye una doble vía en esa región, porque destruyó sus viviendas con el compromiso de indemnizarlos, pero pasados seis meses no cumplió, informó el representante de los afectados Victoriano Céspedes.

Unos 700 comunarios perdieron sus viviendas y cultivos por la construcción de la doble vía Ichilo-Ivirgarzama. En abril de 2015 Sinohydro se comprometió —dice el dirigente— a que en un plazo máximo de 90 días los indemnizaría por la afectación a sus propiedades, pero hasta la fecha se incumplió el trato.

“Hemos tomado ya una decisión, vamos a bloquear la carretera, primero a la empresa china y después vamos a ver si tomamos más medidas”, advirtió Céspedes según la nota de ANF.

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Sin dudar de Doria Medina, Carlos Mesa protestó por la supuesta nota publicada en la fecha por Los Tiempos, aclarando además que no se había ausentado del país, mucho menos a España, en los últimos días. El ex candidato no se excusó ni ante el periódico ni ante el ex Presidente. | Fotomontaje Sol de Pando

Prejuiciadas y estigmatizadas especialmente por un cuestionado Ministro como “medios opositores a ultranza”, la Agencia de Noticias Fides (ANF) y la red Erbol desmienten a su detractor prorroguista, criticando en las últimas horas las recurrentes falsedades que Samuel Doria Medina propala en las redes sociales, tendencia a la manipulación informativa que el político multimillonario llevó a un nivel extremo al difundir como si fuera reciente una declaración efectuada el año 2010 por el ex presidente Carlos Mesa.

En un comentario emitido en su cuenta de la red Twitter ayer jueves, 28 de enero, Doria Medina insertó un link del diario Los Tiempos con declaraciones que Mesa había efectuado en octubre del año 2010 a la agencia EFE, respecto a la importancia de un gobierno indígena en Bolivia que sin embargo venía padeciendo una tentación totalitaria. A pesar de aquellas declaraciones de las cuales nunca se retractó, el ex Presidente fue invitado cuatro años después por el Gobierno de Evo Morales para dirigir la estrategia marítima del país.

“Expresidente Carlos Mesa denuncia en España que Evo Morales quiere llevar a Bolivia por el camino del autoritarismo“, tuiteó Doria Medina usando el verbo “denunciar” en tiempo presente, clave de su manipulación. Una comunicación correcta del tema, en la misma cantidad de caracteres, podía haber sido: “Expresidente Carlos Mesa denunció en 2010 que Evo Morales quiere llevar a Bolivia por el camino del autoritarismo“. Pero regirse a la estricta verdad no es precisamente la intención del propietario de Burger King en su afán de darse autoridad moral ante sus adversarios del Gobierno, y erigirse en dueño y jefe de la corriente por el NO en el próximo referéndum.

Sin emitir juicio de valor alguno, ANF informó en la víspera sobre la molestia del expresidente Mesa que enfrentó un breve roce con el diario Los Tiempos a causa del tuit de Doria Medina. El periódico cochabambino se vio urgido a una aclaración efectuada en la misma red social. “El diario Los Tiempos aclaró que una polémica nota periodística del expresidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, procesada por ellos y que fue tuiteada como actual por el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en realidad fue publicada en 2010“, señaló ANF.

El tuit de Doria Medina que desató el impasse es el siguiente (clic en las imágenes que siguen para ver los tuit’s originales):

Sin dudar de Doria Medina, Mesa protestó por la supuesta nota publicada en la fecha por Los Tiempos, aclarando además que no se había ausentado del país, mucho menos a España, en los últimos días:

Los Tiempos twiteó esta aclaración dirigida a Carlos Mesa, quien es además antiguo columnista de dicho medio escrito:

Mesa aceptó la aclaración y se excusó con Los Tiempos atribuyendo el perverso tuit a un usuario de la red Facebook, cuando la verdad es que la manipulación surgió desde la cuenta personal de Samuel Doria Medina en la red Twitter:

Sin ofrecer ninguna explicación ni disculpas a los afectados, lindando en el cinismo, Doria Medina “re-twitteó” el mismo jueves el reclamo de Carlos Mesa por la publicación de Los Tiempos, como si el causante de la desinformación fuera directamente el periódico y no él, deslindándose de su desliz sin más comentario:

Los otros “fails” de Doria Medina según Erbol

La Red Erbol publicó hoy en su portal diario de Internet una relación de los “datos fallidos” propalados por Doria Medina desde sus cuentas en las redes sociales, como parte de su estrategia anti-gubernamental que, en los hechos, fortalece políticamente al régimen de Evo Morales que se ve víctima de las campañas calumniosas del potentado empresario dado a la política.

Entre los 19 mil tuits que Doria Medina escribió desde 2010 en su red social, dice Erbol, “en al menos cinco ocasiones reprodujo noticias e imágenes falsas que provocaron reclamos y aclaraciones de los afectados e incluso bromas (memes) en redes sociales“.

Además del bochorno que causó entre Los Tiempos y Mesa, Doria Medina “metió la pata” en otros asuntos que son detallados por Erbol a continuación:

Supuesta caída de restos del satélite Tupac Katari

En octubre del año pasado, Samuel replicó en su Twitter y Facebook una noticia sobre la supuesta caída de restos del Satélite Tupac Katari en China.

Esta información resultó falsa. El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, aclaró que esos restos eran del cohete que propulsó el Tupac Katari y no del mismo satélite.

Foto del Papa Francisco por el NO

Un mes después, Samuel tuiteó una imagen del Papa Francisco trucada para que en su mano aparezca “NO” a la reelección de Evo Morales.

El opositor entonces provocó que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) difunda un comunicado y ofrezca una conferencia de prensa en la cual rechazó “toda forma de manipulación o uso interesado de los mensajes y la imagen de la Iglesia Católica y, en particular, de su Cabeza y Pastor, que es el Papa Francisco”.

Enterado sobre la posición de la Iglesia, Doria Medina mediante Twitter señaló: “Tomamos nota de lo señalado, es así la tolerancia democrática, no mezclaremos religión con el NO”.

Doria Medina amenaza a esposa de Navarro por una demanda de violencia familiar | LEER

La pared de la Residencia Presidencial

El 16 de enero, Samuel publicó una foto de la pared de la Residencia Presidencial en que supuestamente se pintó el logotipo de la campaña por el NO.

Minutos después, se supo que la foto había sido trucada.

El corte de cabello de Evo Morales

El 19 de enero, circuló en redes sociales una supuesta factura del reconocido estilista Rodolfo Paz. En esta imagen se señalaba que un “corte de cabello y masaje capilar para el Presidente” costó 1.400 bolivianos.

Samuel publicó esta imagen en Twitter y, como en los anteriores casos, la imagen de la factura era falsa.

Al día siguiente, el estilista mostró la factura original, que nada tenía que ver con el Presidente, y el ministro Juan Ramón Quintana no ahorró calificativos para criticar al opositor.

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Tras capturarlo al caer la tarde del domingo, dos policías custodian a Felipe Froilán Molina, “El Killer”, quien a pesar de cargar una sentencia máxima de cárcel, andaba libre en las calles de La Paz desde hace más de ocho años, después de un blandengue juicio penal por asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz. | Foto ABI

El diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1979, impulsando desde el Parlamento el juicio de responsabilidades contra la dictadura de Banzer. La respuesta a esa demanda ética fue el golpe de García Meza y Arce Gómez que contempló su asesinato. | Foto Archivo

“Estoy casi seguro que él debe saber dónde está su cuerpo, ojalá pueda dar información”, dijo el presidente Evo Morales en una conferencia de prensa que ofreció la noche de ayer domingo en Santa Cruz para informar sobre la captura de Felipe Froilán Molina Bustamente, alias “El Killer”, un prófugo sentenciado hace ocho años como autor material del asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El Presidente explicó que un contingente de 80 policías al mando de su Comandante General intervino el domingo durante dos horas, entre las 15:30 y 17:30, una vivienda ubicada en la zona de Cota Cota, calle 35, de la ciudad de La Paz donde se atrapó a Molina Bustamente. El prófugo logró ocultarse en el tumbado del inmueble pero no tuvo salida, dice el reporte. Según Evo Morales, en el operativo habrían colaborado algunos familiares de Quiroga Santa Cruz aportando pistas que permitieron detectar al asesino confeso mientras ingresaba a dicho domicilio en un vehículo conducido por su hija.

Sentenciado en un juicio dilatorio y mediocre

Luís Arce Gómez y Luís García Meza, los golpistas que provocaron con su acción autoritaria la muerte de Quiroga Santa Cruz y otros martires de la democracia. | Foto Archivo

Froilán Molina Bustamente fue sentenciado el 2007 a 30 años de prisión, en un juicio penal que las familias de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los líderes sindicales Juan Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura —víctimas de asesinato y desaparición durante el golpe militar del 17 de julio de 1980—, instauraron en 1998 contra un grupo de 17 funcionarios de la dictadura que no fueron incluidos en la sentencia dictada el 21 de abril de 1993 dentro el juicio de responsabilidades que terminó recluyendo en la cárcel de Chonchocoro al ex dictador Luis García Meza y su ministro del Interior Luis Arce Gómez.

Junto a Felipe Froilán Molina se enjuició a varios militares, policías y paramilitares que actuaron directa e indirectamente en el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) donde Quiroga Santa Cruz, Flores Bedregal y Vega Yapura fueron vistos con vida por última vez.  Además de “El Killer” se enjuició al coronel de ejército Faustino Rico Toro, al ex comandante policial Willy Arriaza, al capitán de Ejército Javier Hinojosa Valdez, al suboficial Raúl Solano Medina y los ex paramilitares Franz Pizarro, José Luis Ormachea España, Gregorio Loza Balsa y Adolfo Ustarez Ferreira, entre otros.

Según denunció la hermana de Juan Carlos Bedregal, Olga, aquel juicio que duró 11 años dejó impunes a los asesinos con sentencias leves e incluso absoluciones, no obstante haberse probado a través de testigos presenciales y confesiones de parte su participación en los asesinatos y desaparición de los cuerpos sin vida. Sólo tres de ellos, Molina, Pizarro y Ormachea, recibieron condenas de 30 años sin derecho a indulto; pero nadie se encargó de hacer cumplir la sentencia dictada de muy mala gana por el juez Ángel Arias el 11 de diciembre del 2007.

“Lejos de acusar, la Fiscalía hizo todos los esfuerzos para librarlos de pena y culpa, al extremo que la Fiscal del Distrito Teresa Vera Loza requirió nulidad de obrados luego de la sentencia”, protestó Olga Flores Bedregal en una carta abierta que publicó en abril del 2009.

La Corte Superior ratificó esa sentencia en términos generales, manteniendo la impunidad de los absueltos y los favorecidos con sentencias leves; “aunque para dar la apariencia de atender nuestra apelación ha condenado a cuatro de los seis absueltos, dos que además están prófugos y rebeldes, en consecuencia admiten su culpa, pero siguen absueltos”, denunció Olga Flores.

Entre los tres sentenciados a 30 años de cárcel, sólo estuvo presente en el juicio “El Killer” Froilán Molina Bustamante, mientras que Franz Pizarro y José Luis Ormachea se dieron a la fuga, siendo procesados y enjuiciados en rebeldía. Lo curioso es que “El Killer” Froilán Molina, después de la sentencia, continuó en libertad y se dedicó a intimidar y hostigar a los familiares de los desaparecidos que exigen saber dónde fueron a parar los cuerpos de sus seres queridos. Incluso, dice Olga Flores, “El Killer” fue visto el año 2008 junto a jóvenes y políticos fascistas que desde Santa Cruz intentaron derrocar a Evo Morales durante aquellas jornadas que derivaron en la masacre de Porvenir, en Pando.

Hacia un careo de “El Killer” con García Meza y Arce Gómez

Paramilitares del golpe del 17 de julio de 1980 usando vehículos oficiales para secuestrar a sus víctimas. | Foto Archivo

Aquella hipótesis con alta certidumbre de que Marcelo Quiroga Santa Cruz llegó con vida al Estado Mayor de Ejército, luego ejecutado y después su cuerpo semi-incinerado para ser trasladado a una hacienda del ex dictador Hugo Banzer Suárez en Santa Cruz, surgió de este juicio que duró entre 1988 y 2007. Desde la cárcel de Chonchocoro el ex dictador García Meza apuntala esa hipótesis descargando la autoría intelectual en Arce Gómez.

En el inicio mismo del juicio, en 1998, “El Killer” afirmó que el cadáver de Quiroga Santa Cruz fue enterrado en el Estado Mayor. Su cómplice José Luis Ormachea, apodado “El Loco” (que sigue prófugo), lo señaló en las primeras audiencias  de ser el autor material del asesinato. El dirigente socialista Walter Vásquez Michel, quien estuvo junto a Quiroga Santa Cruz el día del golpe, reconoció a Molina Bustamente como el sicario que hirió de un disparo en la rodilla a Marcelo durante el asalto a la COB y luego comandó el traslado de su cuerpo herido al Gran Cuartel de Miraflores, donde lo recibió Arce Gómez para rematarlo.

Otro imputado, el  suboficial Raúl Solano Medina, dijo haberse encargado de conseguir 200 litros gasolina para quemar el cuerpo de Marcelo Quiroga una vez que fue ejecutado dentro el cuartel; pero a pesar de esa confesión Solano fue condenado a sólo tres años de cárcel y tampoco está recluido.

Según García Meza, “El Killer” fue uno de los encargados de intentar incinerar el cuerpo de Marcelo, “pero sólo lo chamuscaron”, y así vejado el cadáver habría sido llevado a la hacienda de Banzer como un trofeo de guerra, en coordinación con el entonces ministro del Interior Arce Gómez, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Waldo Bernal Pereira que facilitó el transporte aéreo y el entonces prefecto de Santa Cruz Widen Razuk que habría dirigido el traslado a la hacienda de San Javier, donde el mismo Razuk (asesinado en 1982 en ajuste cuentas con el cartel de Cali) poseía un latifundio para producir cocaína.

Arce Gómez maneja la misma información de García Meza; aunque más confusa al intentar deslindar su responsabilidad como autor intelectual. En declaraciones a la Fiscalía que investiga el paradero de los restos, el ex ministro sanguinario dijo que el piloto que condujo el avión era un mayor de la FAB de apellido Revollo “que llegó a El Alto en un avión junto al ex prefecto de Santa Cruz Widen Razuk y se llevaron el cadáver”. Revollo fue edecán de Banzer Suárez durante la dictadura de los setenta, y “El Killer” trabajaba oficialmente como guardaespaldas de la primera dama Yolanda Prada de Banzer en el mismo periodo.

Los esposos Banzer Prada fueron los directos beneficiados con el golpe de 1980 y el consiguiente asesinato de Quiroga Santa Cruz, ya que el líder socialista que ejercía una diputación por Cochabamba y se perfilaba como factible candidato presidencial para las elecciones truncadas de ese año, venía impulsando un juicio de responsabilidades a la dictadura del septenio, en la que Banzer y su mujer debían dar cuentas del abuso nepótico de poder y actos de corrupción al más alto nivel que incluían el fomento descarado al narcotráfico.

En algún lugar está Marcelo. | Foto Archivo

San Javier, Banzer y Razuk

El pasado mes de agosto apareció en escena otro militar que cometió un asesinato durante la dictadura, el ex coronel Roberto Meleán Rendón, sentenciado a 30 años sin derecho a indulto por la desaparición del estudiante Renato Ticona en Oruro.

Meleán, que comparte la cárcel de Chonchcoro con Arce Gómez, afirmó haber recibido de manos del ex “Ministro de la Cocaína” un “croquis” indicando la ubicación del cuerpo de Marcelo en la hacienda San Javier de los esposos Banzer, en la provincia Chiquitos de Santa Cruz. A pedido de Arce Gómez, el plano fue entregado a la Fiscalía y con esa guía se realizaron las primeras incursiones en dicha hacienda, sin resultados.

“No se encontró nada, necesitamos datos más específicos”, dijo Sonia Brito, diputada y activista de Derechos Humanos que realizó un seguimiento a las incursiones de la Fiscalía en San Javier.

“Recordemos que ya hubo una comisión de fiscales que intervino en la hacienda, que actualmente es de Yolanda Prada de Banzer, y no encontraron nada; seguramente tienen que dar datos mucho más específicos, considerando que es una hacienda enorme la de San Javier”, remarcó la parlamentaria que integra la bancada del MAS.

Acaso se trata de buscar una aguja en un pajar, o a lo mejor la investigación omite el hecho de que la hacienda de San Javier no se limitaba a una propiedad de la familia Banzer, pues en los predios que lo circundan el entonces prefecto banzerista Widen Razuk también poseía terrenos donde, con protección de paramilitares fuertemente armados, se instalaron laboratorios para refinar cocaína, lejos del alcance de una simple vista. Por lo tanto el “croquis” de Arce Gómez podría ser el de un laberinto al estilo Chapo Guzmán.

En el libro “La mafia en el poder” editado en línea por el Equipo Nizkor, se lee lo siguiente:

“A principios del año 1980, durante el breve mandato presidencial de la señora Lidia Gueiler Tejada y siendo Ministro del Interior Jorge Selum, la División de Narcóticos de Santa Cruz realizó el denominado “Operativo San Javier”, al mando del Mayor de Policía Carlos Fernández Navarro. San Javier es una población del Departamento de Santa Cruz, que dista unos 300 km de la capital oriental. La hacienda principal de la localidad es propiedad del General Bánzer y se llama “El Potrero”. En las inmediaciones también tiene otra hacienda su amigo, y connotado hombre del narcotráfico, Widen Razuk. Las haciendas de San Javier, por estar dedicadas a la ganadería y por su situación geográfica alejada de las rutas tradicionales del tráfico de cocaína, nunca habían levantado sospechas”.

“El Killer”, como ex guardaespaldas de Yolanda Prada de Banzer, propietaria real de aquella hacienda sin límites en San Javier, podría quizá entonces hacer una mejor interpretación del “croquis” de Arce Gómez.

Esperemos el careo.

Documental dirigido por Carlos Mesa sobre el golpe del 17 de julio de 1980 | VIDEO

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El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana es quien debe explicar al país cómo se originó la fortuna de Gabriela Geraldine Zapata Montaño. | Fotomontaje Sol de Pando

No se explica la fortuna que amasó en los últimos dos años la precoz empresaria que pertenece a una élite de nuevos ricos encabezada por el Ministro de la Presidencia, quien toma decisiones a espaldas del Presidente traficando influencias en nombre de Evo. Corresponde una investigación de fortunas en aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la renuncia de Quintana, pues no es sólo un problema de tráfico de influencias que lastima la imagen del Gobierno; es un caso muy probable de enriquecimiento ilícito que debe ser debidamente esclarecido. No era necesario mancillar el nombre de un niño fallecido, como lo hizo Valverde, para abordar un tema estrictamente ético-legal…

El presidente Evo Morales desconocía los negocios que su hoy millonaria ex pareja Gabriela Geraldine Zapata Montaño realizaba con el Estado en representación  de tres empresas privadas; lo dijo con énfasis. Sin embargo, el delito de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias no queda descartado ya que Gabriela Zapata mantenía una estrecha y permanente relación con el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, quien habría sido el directo “promotor empresarial” de la exitosa modelo. Quintana se contradijo al negar los vínculos gubernamentales de aquella joven que se jactaba a los cuatro vientos de su meteórico enriquecimiento.

El presidente Evo Morales dio la cara este viernes en Santa Cruz, donde brindó una conferencia de prensa admitiendo haber mantenido una relación sentimental con la muchacha el año 2007, habiendo procreado un niño que falleció después de nacer. Cuando Evo fue elegido Presidente, el 2006, Gabriela era entonces su novia y el periodista Alex Contreras su vocero y secretario privado.

“Evidentemente a la Gabriela Zapata la conocí en 2005, la verdad que era mi pareja, el 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente nuestra mala suerte ha fallecido, tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos”, explicó el Presidente, deslindando responsabilidad directa en los millonarios contratos que enriquecieron vertiginosamente a la bella emprendedora que cumplirá 30 años el próximo 18 de abril.

Sin embargo, la Agencia de Noticias Fides (ANF) y Erbol replicaron al Presidente exhibiendo una fotografía tomada en el Carnaval de Oruro el pasado año 2015, donde Evo aparece de brazos con Gabriela Zapata, junto al ex arquero de la selección nacional Leo Fernández y el vicepresidente García Linera. Pudo haber sido un encuentro casual, quedó la duda.

En la cuenta de Facebook de Zapata —convertida en una veta informativa de primera mano para los medios periodísticos— no hay indicios de que Gabriela tuviera un hijo viviendo con ella; aunque en una crónica publicada en la sección Social de El Diario el 18 de octubre del pasado año 2015, se la describe como “excelente persona y madre, una mujer tenaz, trabajadora, dispuesta a luchar por sus sueños…”.

[See image gallery at www.soldepando.com]

El dudoso origen de la fortuna de Gabriela Zapata

“La señora no tiene ningún tipo de vínculo con el Gobierno nacional, absolutamente ninguno”, aseguró el jueves el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, en una conferencia de prensa donde el ex militar intentó desvirtuar que Zapata Montaño se habría beneficiado de un tráfico de influencias dentro el Gobierno para amasar la fortuna que hoy ostenta.

Las aseveraciones de Quintana son desmentidas —empero— por la misma Gabriela Geraldine, quien además de hacer pública su apasionada militancia en el Movimiento al Socialismo (MAS), se encargó de propalar a los cuatro vientos sus altas influencias dentro el Gobierno como la clave de su éxito empresarial, a modo de promocionar su sensual imagen personal con proyección internacional inclusive.

Es evidente que al promocionarse mediáticamente, la glamorosa buscaba también incursionar en el terreno de la política asesorada por el mismo Quintana (como “asesoró” a la ex miss Bolivia Jessica Jordan en el Beni) en una relación que implicaba tráfico de influencias en varios contratos realizados específicamente a partir del año 2013. “La abogada, se perfila a ser una de las promesas más importantes del mundo empresarial, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional”, se señala en otro sitio de la farándula que le dedicó una página promocional el 10 de octubre del pasado año.

En una entrevista que fue publicada el 6 de septiembre del 2015 en el diario digital Tiempos del Sur.com, títulada “El lado divino de la economía boliviana”, la despampanante empresaria revela los siguientes datos sobre su vinculación estrecha con el Gobierno, citamos textualmente:

“Actualmente el trabajo que realizamos está relacionado con vincular estratégicamente a proveedores de servicios especializados con el sector público boliviano”.

“La búsqueda de socios estratégicos no es fácil, pero hay un mercado inmenso de posibilidades afuera. Creo que al haber apostado en proyectos que muchos no lo veían como viables fuimos más allá de lo esperado, reconociendo que las condiciones para que una empresa se desarrolle tiene que ver muchísimo con la visión que tienen los gobernantes de su Estado”.

“La fortuna fue benevolente al vincularme con empresas extranjeras que confiaron en mi capacidad, dándome el espacio para desarrollar ideas, gracias a esto conocí a personas y personalidades que nunca imaginé conocer”.

En la minuta de constitución de su empresa “Consilium SRL”, el mismo año 2013, la inversionista, de 26 años en ese momento, declara como domicilio un departamento en el lujoso condominio El Vergel de Achumani, avaluado en $us 150.000. De acuerdo a un reportaje publicado en la víspera por ANF, actualmente ocupa una mansión que cuesta aproximadamente un millón de dólares en la exclusiva urbanización de La Rinconada, ubicada en la zona La Floresta, al sur de la ciudad de La Paz. “La lujosa vivienda pertenecía al fallecido Guillermo Fortún, exministro de Gobierno y hombre de confianza del expresidente Hugo Banzer Suárez, también difunto. Cabe recordar que Fortún murió en septiembre de 2012 y fue velado en esta casa ubicada en la avenida La Floresta. El político murió por un paro cardiaco y en medio de acusaciones del gobierno de Evo Morales de malversación de fondos” —recordó ANF—. “No se conoce si la vivienda fue vendida, alquilada o se encuentra en anticrético, pero la empresaria de 29 años tiene varias fotografías en este inmueble reunida con ejecutivos de CAMC o luciendo suntuosos vestidos”.

De acuerdo a la Ley 04 de Investigación de Fortunas y Lucha Contra la Corrupción (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), este nivel de gastos suntuosos de una abogada de 29 años sin mayores antecedentes empresariales ni hereditarios, amerita un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para iniciar la investigación que determine el origen de esa fortuna. El delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas teniendo como delito precedente la corrupción pública (tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, contratos lesivos al Estado, etcétera), es un delito contemplado en el artículo 185 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

¿Evo rehén de Quintana?

La indagación debería alcanzar al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, quien fue y es el principal gestor de los “éxitos” empresariales de Gabriela Zapata Montaño a partir de su abierta relación política con el Gobierno.

Asumamos, a riesgo de equivocarnos, que el presidente Evo Morales ha sido sorprendido en su buena fe, y por tanto le conviene deslindarse de Quintana destituyéndolo. El SI del próximo referéndum debería implicar la reconducción revolucionaria del proceso de cambio bajo el liderazgo de Evo Morales, “desquintanizando” la coyuntura.

Con Quintana corroyendo el proceso desde adentro, crece el NO como una sombra dentro la revolución boliviana, poniendo al país al vilo de la desestabilización y acaso ante el retorno casi inminente de los ruidos de sable.

Si el SI por la reconducción revolucionaria del proceso de cambio no toma cuerpo en el poco tiempo que queda, allá el Evo, significará que le tomó el gusto a ser un rehén de Quintana dentro el Palacio.

Una lluvia de contratos el año 2013

El año 2013 es crucial en la consagración empresarial de Gabriela Zapata Montaño. De pronto se constituye en representante legal, accionista y gerente de tres empresas, una de ellas suya y dos trasnacionales, que sin más trámite obtienen contratos directos “llave en mano” en los más diversos sectores estratégicos de la economía, desde energía eléctrica, transporte fluvial, instalación de plantas industriales, refinación de minerales, equipamiento de sistemas hídricos, construcción de vías, etcétera.

Las tres empresas con las cuales Zapata logra percibir millonarios recursos del Estado mediante contratos avalados, gestionados y viabilizados por el Ministro de la Presidencia a espaldas del presidente Evo Morales, son los siguientes:

CONSILIUM SRL | PROPIETARIA ÚNICA

Inscrita en Fundempresa con el número de matrícula 00199776 para realizar “actividades de arquitectura, construcciones civiles, servicios profesionales técnicos, ingeniería y actividades conexas”, Zapata conforma en Santa Cruz la sociedad de responsabilidad limitada Consilium SRL con un capital de Bs 800.000 bolivianos (equivalentes a 115.000 dólares), teniendo como socios a los empresarios cruceños Miguel Ángel Suárez Roca, Sigfrido Antelo Suárez y Gilberto Mauricio Gutiérrez. A un año de su constitución, en agosto del 2014, los tres accionistas varones abandonan la sociedad transfiriendo el 100% del paquete accionario a Gabriela Geraldine Zapata Montaño. “Consilium SRL” se adjudica las obras de logística y transporte para el proyecto Siderúrgico del Mutún, en los puertos de Tamarinero y Puerto Busch sobre la estratégica Hidrovía Paraguay-Paraná. Se desconoce el costo y el estado actual de dichas obras.

TELEMENIA | REPRESENTANTE LEGAL

Posiblemente su título de abogada (se desconoce la Universidad donde estudió Derecho o Ciencias Políticas) la habilitó para ser representante legal de la corporación israelí Telemenia, una trasnacional que opera desde hace 50 años en varios países del mundo desarrollando el sector energético. No está claro si Gabriela Geraldine forma parte de Telemenia como socia propietaria de Consilium SRL o como abogada de planta simplemente. Lo cierto es que como Telemenia logra al menos dos contratos en el sector público: En una entrevista que publica El Deber el 30 de octubre del 2013, Zapata dice haberse adjudicado, en el departamento de Santa Cruz, un proyecto que “consiste en la reconversión industrial de la producción de energía eléctrica en base a fuentes renovables como el bagazo de caña”. Y al mismo tiempo, el consorcio de abogados Criales, Urcullo & Antezana informa en su página corporativa lo siguiente: “Asesoramos a Telemenia Ltda. en la suscripción de un contrato llave en mano para una planta de generación de electricidad de 15 MW en Trinidad, Bolivia”.

LA CHINA CAMC ENGINEERING COMPANY | GERENTE COMERCIAL

Asumir la Gerencia Comercial de la empresa china CAMC Engineering Company Ltd. fue para Gabriela Geraldine como ponerse una corona de reina en su cabeza. Se trata de uno de los consorcios chinos más poderosos del mundo, y resulta insólito que una compañía de tal magnitud haya designado como su Gerente Comercial en Bolivia a una abogada-politóloga de 26 años sin experiencia alguna en los rubros de ingeniería civil e industrial.

Sin embargo a CAMC le resultó un buen negocio tenerla a Zapata en su staff ejecutivo, pues a partir del año 2013 a esta empresa comenzaron a lloverle contratos con el Estado. Se debe establecer además si Consilium SRL, propiedad de Gabriela Zapata, operó como subcontratista de CAMC.

Mintió el ministro Juan Ramón Quintana cuando afirmó lo siguiente en su conferencia de prensa del jueves: “La señora Zapata ha sido contratada (por CAMC, nr) en 2013 y varios de estos contratos datan de años anteriores”.

Entre los siete contratos adjudicados a CAMC, detallados por el propio Ministro, sólo dos fueron suscritos años anteriores al nombramiento de Zapata como Gerente Comercial de la empresa china; los demás se suscribieron estando Gabriela Geraldine en la Gerencia de CAMC. (El Ministro omitió mencionar los contratos, también millonarios, con las otras dos empresas “manejadas” por Gabriela Geraldine: Consilium SRL y Telemenia Ltda.).

Esta es la cronología que rectifica lo afirmado por Quintana:

1.- Contrato Compra de tres perforadoras para YPFB: mayo del 2009, con crédito aprobado por el Eximbank el 11 de agosto del 2011.

2.- Contrato Construcción del Ingenio Azucarero de San Buenaventura: 5 de marzo del 2012.

3.- Contrato Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio en el Salar de Uyuni: 13 de julio del 2013.

4.- Contrato Construcción Primer Tramo Ferrocarril Montero – Bulo Bulo: 19 de septiembre del 2013.

5.- Contrato Presa, Vertedero y Obras subterráneas Proyecto Misicuni: 14 de agosto del 2014.

6.- Contrato Instrumentos de Medición Proyecto Misicuni: 14 de agosto 2014.

7.- Contrato Sistema de Comunicaciones, Distribución de Energía Proyecto Misicuini: 8 de octubre del 2014

En diciembre del pasado año 2015, tras un roce con el ministro Quintana, el ministro de Obras Públicas Milton Claros rescindió el contrato para la construcción del Ferrocarril Montero Bulo Bulo, debido a que la empresa CAMC incumplió el cronograma causando un desfase que provocó daño económico al Estado. La ruptura del contrato se precipitó además por incumplimientos salariales y malos tratos de los empresarios chinos hacia los obreros bolivianos.

Sin embargo la empresa china compensó su fracaso en el proyecto ferrocarrilero de Montero a Bulo Bulo, echándole ojo a un proyecto para la refinación de zinc en Potosí. Se apeló a los “buenos oficios” del ministro de Minería César Navarro, de acuerdo a información proporcionada por la colega Amalia Pando.

Entre Valverde y Quintana un callejón sin salida

Un caso típico de enriquecimiento ilícito en una gestión pública que favorece dolosamente intereses privados, fue convertido por el ahora periodista Carlos Valverde Bravo en el linchamiento mediático de un niño que, además, había fallecido al nacer. El ex Jefe de Inteligencia que dirigió un operativo sangriento para resolver el secuestro del empresario Jorge Lonsdale en 1992, no tuvo el tino de usar el certificado de nacimiento en última instancia, guardándolo precavidamente como respaldo. Eso hacemos los periodistas. Obró al revés, sin escrúpulos. Su maniobra fue estrictamente política y eficiente en ese sentido. Pero usar el nombre de un niño para demostrar la corrupción que dice combatir, no fue ético periodísticamente. Un bebe no tiene la culpa de haber nacido como fruto de la corrupción de los adultos. La Ley en Bolivia dice que todo niño tiene derecho al respeto de su honor, privacidad y dignidad como ser humano, desde que nace.

El artículo 144 del Código del Niño, Niña y Adolescente consagra el derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad de los menores en los incisos II y III:

“II. Las autoridades judiciales, servidoras y servidores públicos, y el personal de instituciones privadas tienen la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y de restringir el acceso a la documentación sobre los mismos, salvo autorización expresa de la autoridad competente”.

“III. Cuando se difundan o se transmitan noticias que involucren a niñas, niños o adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su identificación, así como la de su entorno familiar, en los casos que afectare su imagen o integridad”.

Valverde debió denunciar a Quintana como el principal articulador de la red de enriquecimiento ilícito que pisa fuerte en el Palacio Quemado, analizando cuidadosamente los contratos que favorecieron a Gabriela Zapata. Pero como su objetivo es derrocar al indio para reemplazarlo por el dueño de Burguer King, todo vale.

Los “operadores” de Quintana en las redes sociales contraatacaron a Valverde recordando su pasado represor y sus vínculos con el narcotráfico, que según antecedentes registrados oficialmente sí los tuvo.

Pero también hay que recordar que Quintana no aclara hasta hoy sus relaciones con el narcotraficante Mauro Vásquez, tampoco explica porqué se alió con los sicarios que mataron campesinos del MAS en la masacre de Porvenir, ni justifica porqué permitió que un policía con antecedentes criminales y vinculado a la DEA como Fabricio Ormachea termine codeándose públicamente con Evo Morales, poniendo así en riesgo la seguridad y la vida misma del Presidente.

Entre Quintana y Valverde, nos vamos al garete por igual.

La plataforma de hormigón armado, en un proyecto que no aceptó ejecutar el Gobierno, cruza por alto la avenida Melchor Pérez de Holguín sin afectar el transporte vehicular y creando para los pasajeros una grata visión panorámica de la ciudad. | Fotomontaje Sol de Pando

Cochabamba tendría que pagarle al empresario Carlos Gill, accionista mayoritario de la venezolana Gravetal, por el derecho de uso de la antigua línea férrea para montar sobre esa vía un moderno tren elevado diseñado el año 2012, salvo que el Gobierno opte por nacionalizar este patrimonio del Estado que continúa desajenado después de haber sido desmantelado por la chilena Cruz Blanca…

Informe originalmente publicado por la Revista OH! de Los Tiempos | Febrero 14, 2016

En julio del 2012, un equipo de jóvenes profesionales de la Universidad Mayor de San Simón dirigidos por el arquitecto Franz  González  Zurita, nos hizo conocer detalles del proyecto para el Tren Metropolitano de Cochabamba que ellos habían diseñado durante casi tres años con gran profesionalidad y elevado sentido común. A nuestro retorno de Pando nos enteramos que tal proyecto no es el que se ejecutará a partir de este 15 de febrero. El que se viene parece un millonario tren fantasma…

“Alistan obras del tren sin licencia ni diseño”, tituló una crónica firmada por la periodista Violeta Soria que Los Tiempos publicó el pasado 30 de enero. La noticia me sorprendió. Resulta que el proyecto ya tiene un presupuesto de $us 504 millones pero sin fuente oficial de financiamiento conocida; la empresa adjudicada no presentó estudios de impacto ambiental ni cuenta con diseño final sino apenas un estudio de pre-factibilidad. Se anuncia que la obra comenzará a ejecutarse esta semana. “El  gerente del proyecto del tren designado por la compañía española, Domingo García, señaló que el diseño final será elaborado de forma paralela al inicio de obras”, reportó la periodista.

Ese ignoto modelo español para armar —cuyo trazo final es hasta hoy indefinible— no tiene parecido alguno con el proyecto diseñado hace tres años por el arquitecto urbanista Franz Gonzales Zurita, y carece del espíritu cochabambino con que siete profesionales a su mando concibieron el Tren Kanata para el siglo XXI sin perder la identidad de nuestra tradición ferroviaria, y con un trazo que no sólo evita daños al medio ambiente sino se integra a él orgánicamente. Además no exige grandes inversiones.

Cuatro profesionales arquitectos de la Umss —Fernando Revollo Larraín, Daniela Gonzales, Diego Echevers y William Camacho Rojas—, junto al ambientalista Jorge Fajardo Pozo, concibieron la construcción de un tren eléctrico elevado para su desplazamiento en dos tipos específicos de plataformas:

1. Sobre el lecho del río Rocha, siguiendo el cauce que atraviesa la ciudad a partir de Sacaba.
2. Sobre la antigua línea férrea cuya red interna e interdepartamental (hacia Oruro), a pesar del desmantelamiento de la empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), se mantiene intacta dentro el Plan Regulador de la ciudad, incluyendo su Estación Central, para conectar el Cercado con Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.

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El artífice de esta idea, Franz Gonzales, explica que ambas plataformas  se articulan en un sistema vial de trenes eléctricos elevados que, “construyendo una propuesta participativa e inclusiva”, resolverá varios problemas fundamentales en la ciudad y su entorno metropolitano: descongestionar el transporte público movilizando alrededor de 100.000 pasajeros diariamente con una frecuencia de 39 minutos por ruta, cuadruplicando la capacidad del actual sistema de buses, micros, trufis y taxis; evitar la apertura de nuevas vías con consecuencias medioambientales y gastos innecesarios, “puesto que los tramos del tren recorrerán un trazo que no afectará ningún terreno público ni privado”, asegura; y además será una manera de preservar el río Rocha “canalizándolo adecuadamente para elevar sobre el lecho unas plataformas de hormigón armado en los que se asentará la vía férrea”. Adicionalmente, este tren urbano al que Gonzales denomina “el Tren Kanata”, resolvería implícitamente el problema de Enfe reactivando el ferrocarril interdepartamental que necesariamente deberá conectarse a la red metropolitana. “En este caso sólo tenemos que seguir el trazo antiguo modificando la trocha del riel que todavía es visible en un 80 por ciento del trayecto a Oruro y que quedó abandonado tras la privatización de Enfe en los años 90 para beneficiar a la chilena Cruz Blanca”, afirma.

Pero aquí surge una duda matriz: ¿Cómo utilizar la vía férrea de la ex Enfe, si ésta aún se halla bajo control extranjero?

UN ENREDO CON EL INVERSOR VENEZOLANO CARLOS GILL

Hasta el 8 de septiembre del pasado año 2015, aún era posible pensar en la nacionalización de la Ferroviaria Andina desmantelada por Cruz Blanca, favoreciendo con ello al proyecto del Tren Kanata.

Pero resulta que en esa fecha —en vez de ser nacionalizada en consonancia con el discurso oficial—, las acciones de esta empresa fueron transferidas por el grupo chileno Luksic al empresario venezolano Carlos Gill (socio de Pdvsa-Ypfb, Gravetal, etcétera), quien actualmente preside el Directorio de Ferroviaria Andina (ex Enfe).

Los cochabambinos tendríamos que pagarle al accionista mayoritario de la venezolana Gravetal (principal exportadora de soya en Bolivia) el derecho de uso de nuestra antigua línea férrea, salvo que el Gobierno opte por nacionalizar este patrimonio del Estado que sigue desajenado.

Acaso sea este “cuello de botella” que impide a la empresa española JOCA, adjudicataria de la obra del Tren Metropolitano, contar con un diseño final de la ruta definitiva en el proyecto oficial. 

El tren monorriel elevado Kanata, atravesando la zona de Cala Cala para descongestionar la ciudad, usaría una ruta natural sobre el lecho canalizado del río Rocha. | Fotomontaje Sol de Pando

Gestando el Tren Kanata

Franz Gonzales Zurita fue Senador por Cochabamba en la primera legislatura del gobierno actual; desde su curul denunció el desmantelamiento de rieles e instalaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) que dejó de prestar servicios en Cochabamba tras su privatización en 1996.

“En las innumerables inspecciones que realicé sobre la ruta férrea  hacia Oruro el año 2009, constaté que esa vía dentro el departamento y en sus primeros tramos que parten de la ciudad, tiene un trazo extraordinariamente riguroso, funcional y acorde al Plan Regulador Urbano en los municipios de la Mancomunidad Metropolitana Kanata, y de esa observación nació mi proyecto”, recordó el ex Senador. “Por tanto sería un gasto insulso abrir nuevas vías afectando el equilibrio del medio ambiente en una ciudad tan saturada como la nuestra”.

Y allí donde no llega la antigua trocha, está el río Rocha como plataforma complementaria.

El Tren Kanata constaría entonces de un sistema en cruz: dos tramos surcando el río Rocha, y otros dos reactivando los desmantelados rieles de Enfe.

El tramo originado en Sacaba surcaría el lecho del río Rocha siguiendo su trayecto paralelo a la carretera que llega de Santa Cruz (avenida Villazón) para ingresar a la ciudad por La Recoleta, con una estación intermedia sobre la orilla adyacente al Estadio Félix Capriles y elevaciones en desnivel sobre los puentes Cobija y 14 de Enero, hasta confluir con el antiguo riel de Enfe a la altura del Puente Killmann, donde se instalaría otra estación intermedia para acceder al Aeropuerto Jorge Wilstermann.

El tramo hacia el valle bajo metropolitano recorre la antigua vía férrea que parte de la Estación Central por la zona sur atravesando el Cementerio General, la Avenida 6 de Agosto, la Chimba y La Florida hasta Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.

En una segunda fase, el Tren Kanata conectaría a nuestra ciudad con los municipios de Tiquipaya al norte y Tarata al sur, bordeando la plácida laguna de La Angostura.

En agosto del 2012, el Colegio de Arquitectos de Cochabamba asumió como suyo el proyecto de su afiliado Franz Gonzales, informando que esta obra tendría un costo estimado de $us 28 millones por cada milla. 

Nuestra cultura del tren

El arquitecto Diego Echevers aportó al proyecto con un estudio sociocultural elaborado conjuntamente los técnicos en Turismo Andrea Claure Rodríguez y Vladimir Aurelio Mariaca. Llegaron a la conclusión de que Cochabamba posee una densa memoria ferroviaria. “Cuando leímos el libro ‘Un Siglo en Cochabamba’ del periodista García Mérida, nos enteramos que a principios del siglo XX existía una red de tranvías que seguían el curso del río Rocha entre La Muyurina y Quillacollo; entonces nos dimos cuenta que no necesitamos inventar nada, sólo recuperar esa memoria histórica adecuándola a la tecnología del siglo XXI”, afirma Echevers.

En efecto, el doble enclaustramiento que sufrió Cochabamba después de la Guerra del Pacífico y por la tardanza en conectarnos con el ferrocarril Antofagasta – Oruro, inculcó iniciativas pioneras en el desarrollo de los trenes en la región (mi abuelo, Alejandro Mérida Ureña, fue conductor de locomotoras en el tramo a Tarata). Y resultó ser una empresa chilena que se encargó de volver a enclaustrar ferroviariamente a Cochabamba en la última década del siglo XX.

Importancia de un tren elevado

El Tren Kanata es un retorno al futuro. Propone una tecnología de monorrieles elevados que han desarrollado países como Japón, Alemania y Francia con una capacidad para transportar fácilmente de 200 a 400 pasajeros por viaje, con bajísimos riesgos para la seguridad pública. Además de su alta velocidad, permiten una automatización plena del sistema y el monitoreo “on line” de los flujos de demanda.

Un lector de Los Tiempos nos escribió desde Europa aportando en la propuesta del Tren Kanata con la siguiente argumentación:

“El tren metropolitano se verá mejor elevado; además creará turismo económico por tener vistas panorámicas del entorno. Me gustaría que el Comité Cívico de Cochabamba impulse este proyecto que, además, tiene que estar articulado con todos los sistemas de transporte. Estos trenes tienen que contar con cámaras de seguridad y tener aire acondicionado; pueden ser automatizados sin conductor”.

En cambio, del proyecto oficial sin diseño final que ejecutarán los españoles apenas se sabe que será tricolor, y que no sería un tren elevado sino con su plataforma de rieles al ras del suelo.

“De acuerdo al diseño de pre-factibilidad presentado por JOCA” —decía la nota del sábado 31 de enero—, “contempla tres líneas: roja, amarilla y verde con una extensión total de 42,7 kilómetros. El tramo verde se inicia en Sipe Sipe y concluye en la estación central de San Antonio (…). La línea roja termina en la Facultad de Agronomía, en la avenida Petrolera, y la amarilla en El Castillo, camino a Sacaba”.

Suena a una burda imitación terrestre del teleférico de La Paz.

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Las evidencias desmienten la versión de “auto-atentado” propalada por el viceministro Elío, y se establece la autoría de Braulio Rocha en los hechos luctuosos de El Alto. | Fotomontaje Sol de Pando

Braulio Rocha, el jefe mafioso encaramado desde hace 20 años en una organización gremial de El Alto, y el viceministro de Régimen Interior Marcelo Elío que promovió la insidia de un “auto-atentado” en el incendio donde murieron seis trabajadores municipales de esa ciudad, realizaron y recibieron decenas de llamadas en sus teléfonos celulares durante aquella jornada trágica. En el registro de esas llamadas está oculta la verdad de los motivos que originaron el ataque de los infiltrados en una marcha educativa, y del porqué la Policía no acudió al desesperado llamado de los funcionarios ediles que se hallaban atrapados entre el asfixiante fuego y la turbamulta asesina organizada por la banda delictiva de Braulio Rocha…

Desde las primeras horas de la mañana del miércoles 17 de febrero, los dos teléfonos celulares del viceministro de Régimen Interior Marcelo Elío (tanto el “corporativo” como su línea personal) comenzaron a sonar con una frecuencia inusual; varias de esas llamadas fueron realizadas desde los comandos de la Policía que le informaban sobre la indudable situación crítica en la Alcaldía de El Alto y que derivó poco antes del medio día en el asalto e incendio a las oficinas municipales, causando la muerte por asfixia de seis inocentes funcionarios.

Establecer ese flujo de llamadas es una tarea ineludible y prioritaria para el Ministerio Público, los fiscales y peritos policiales que investigan aquel horroroso crimen político.  Obviamente, para ser sometido a tal investigación, Elío debe renunciar sin más tardanza o ser destituido en atribución que corresponde al Ministro de Gobierno, quien es eventualmente responsable oficial de lo sucedido al ser Máxima Autoridad Ejecutiva en el área de la Seguridad Pública.

Las llamadas emitidas y recibidas en los celulares del viceministro Elío son la clave para precisar una línea de tiempo  en el curso de la violenta jornada. Según un video difundido por un Senador opositor, Marcelo Elío fue visto y escuchado al medio día del miércoles (tras la muerte de los seis trabajadores municipales) dando instrucciones al comandante regional de la Policía de El Alto para convocar a una conferencia de prensa bajo la siguiente consigna (textual): “descartemos lo del auto-atentado, fue una provocación”. Sin embargo, tres horas después, el mismo Viceministro que había descartado “lo del auto-atentado”,  lanzó en su cuenta de Twitter este tendencioso comentario, ya tristemente célebre, volviendo a la hipótesis de que la tragedia habría sido tramada por las propias víctimas acusadas injuriosamente, por Elío, de un supuesto afán político-partidario: “Vuelven los gonistas asesinos del Alto con Unidad Nacional y Sol Bo que provocaron el incendio de la Alcaldía del Alto causando 6 muertes”.

Marcelo Elío sabía perfectamente que su “tuit” era una insidia necesaria para encubrir a los verdaderos causantes de la tragedia. ¿Quién le obligó a retomar la hipótesis del “auto-atentado” cuando él mismo lo había descartado tres horas antes cuando habló personalmente con el comandante policial de El Alto? La respuesta podría estar oculta en las llamadas que sostuvo entre esas horas desde sus dos celulares.

La vendetta de los 120 ítems fantasmas

El pasado jueves 11 de febrero, es decir una semana antes de la reciente tragedia, el periodista Miguel Rivas, corresponsal del periódico La Razón en El Alto, elaboró la noticia de que la Dirección Jurídica de la Alcaldía alteña había confirmado con plena prueba documental la existencia de 48 casos de “ítems fantasmas”, de un total de 120 casos de inclusión en planillas de sueldos a personal inexistente. Esta irregularidad cometida en la gestión del anterior Alcalde, Edgar Patana, fue denunciada por Soledad Chapetón durante la campaña electoral y por tanto era una prioridad, en la nueva gestión, esclarecer el hecho cumpliendo esa promesa a sus votantes.

Según el informe de La Razón, la directora municipal de Asesoría Jurídica, Sonia Vallejos, aseguró que los casos fueron identificados en diferentes áreas de la administración alteña. Explicó que esas personas figuraban en planillas como personal edil, pero no trabajaban y solo cobraban su salario. “Se han identificado aproximadamente otros 50 casos, que aún se están investigando y una vez concluido este paso los remitiremos a la autoridad sumariante”, afirmó.  Vallejos reveló que se identificaron casos que datan del año 2011, “en diferentes unidades en las que se supone que dicho personal trabajó, pero nunca asistió a su fuente laboral… recibían recursos económicos sin trabajar, sólo marcaban”.

El daño económico que se cometió contra el Estado y el Municipio es indudable. Entre las irregularidades detectadas, se estableció también casos de nepotismo que involucraban a los hijos de Braulio Rocha.

Por su parte la autoridad sumariante encargada de procesar el caso, que pidió al periodista Miguel Rivas no revelar su nombre, “explicó que los procesos que se indagan tienen relación con la recomendación de dirigentes de organizaciones sociales a las autoridades de la anterior gestión municipal”.

Es decir que los indicios apuntaban a una red de corrupción y nepotismo dentro la Alcaldía dirigida desde la Federación de Comerciantes Minoristas y Gremialistas por Braulio Rocha, junto a otros colaboradores estrechos de Edgar Patana como Henry Alcón y Wilmer Sarzuri Apaza, quienes fueron vistos y filmados encabezando el asalto incendiario tras ponerse a la cabeza de la marcha pacífica de los padres de familia.

El informe final de la investigación sumariante tenía que ser entregado a fines de este mes, ante un requerimiento expreso de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto. Una vez concluido el proceso sumariante, los involucrados estarían obligados a devolver todo el dinero que ganaron sin trabajar durante cinco años.

Las oficinas de la Alcaldía incendiadas el 17 de febrero, desde donde surgió el humo que mató por asfixia a los seis trabajadores municipales, eran precisamente la de la Dirección Jurídica, la del Juez Sumariante y la de la Dirección Transparencia, donde se guardaba toda la documentación probatoria de aquella corrupción bien organizada.

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La vergonzosa insidia del auto-atentado

No existe nada más doloroso e indignante, en la especie humana, que el verdugo y sus cómplices o encubridores acusen a sus víctimas de ser culpables del crimen perpetrado con premeditación y alevosía. Esta es la línea oficial que sigue obstinadamente el discurso gubernamental en pos de encubrir a los responsables de la tragedia, más allá del “tuit” que hizo merecer al viceministro Elío ser declarado persona no grata en el municipio de El Alto.

Existe sin embargo una tendencia ética en el seno del propio Gobierno y del partido que lo sustenta (MAS), que rechazó sin ambages la insidia propalada por su correligionario Elío. En Cochabamba el Gobernador de este departamento, el periodista Iván Canelas, rechazó el intento de vincular los crímenes del 17 de febrero a un plan “gestado por el MNR desde la Embajada norteamericana”, admitiendo la autoría de un sector delictivo vinculado al propio MAS. “El delincuente es delincuente independientemente de su militancia política o partidaria”—dijo Canelas en una entrevista televisiva la noche del miércoles, en clara alusión a Braulio Rocha—. Y lanzó esta reflexiva metáfora: “El que un ladrón o asesino sea hincha del Wilstermann o del Aurora no significa que todos los auroristas o wilstermanistas sean ladrones o asesinos”.

Pero no todos en el régimen razonan como el Gobernador de Cochabamba. La tendencia encubridora y propaladora de insidias está desparramada en varios niveles jerárquicos del oficialismo. Veamos:

MINISTRO DE AUTONOMÍA: LA IRONÍA INDOLENTE

Luego de difundirse el “tuit” de Elío, la Agencia de Noticias Fides (ANF) dio a conocer una conversación sostenida en la red Facebook por el Ministro de Autonomías, el político cruceño Hugo Siles, quien se burló de la alcaldesa alteña Soledad Chapetón cuando esa autoridad rompió en llanto por la muerte de seis de sus colaboradores a causa del incendio. “Lágrimas de cocodrilo” escribió el ministro Siles en su comentario digital, llamando a Chapetón con despiadada ironía una “María Magdalena”.

Los hechos desmintieron al Ministro de Autonomías, al demostrarse que el ataque provino de un sector delincuencial incrustado en el seno del partido gobernante que encabeza el contrabandista y dirigente gremial Braulio Rocha, hoy preso junto a otros integrantes de su banda criminal.

MINISTRO DE GOBIERNO: LA CAUSA FUE NO REFACCIONAR ESCUELAS

Carlos Romero, el Ministro de Gobierno —más allá de sancionar y destituir en el acto a su viceministro Elío que llevó el asunto criminal a un deleznable terreno político para justificar la inacción policial—, intenta cargar las responsabilidades de la tragedia a la misma alcaldesa Chapetón, “por no atender oportunamente las demandas de los padres de familia en su exigencia de mejorar la infraestructura escolar para el nuevo año lectivo”. Según Romero, la tragedia se habría evitado si la Alcaldesa dialogaba con aquella organización civil.

Pero es la misma dirigencia de los padres de familia que se encarga de desvirtuar las afirmaciones del Ministro de Gobierno. En una entrevista difundida anoche en la Cadena A, un dirigente de la Federación de Padres de Familia de El Alto dijo que sus movilizaciones y marchas son un método de lucha habitual para garantizar el diálogo y la aceptación de demandas, no sólo en la actual gestión de Chapetón.  El dirigente reveló que al promediar las diez de la mañana del miércoles, se iba conformando una comisión mixta entre dirigentes y autoridades municipales para arribar a un acuerdo que garantice un cronograma de inversiones destinadas a refaccionar y equipar unidades educativas que se hallan abandonadas desde la gestión del alcalde Edgar Patana.  “Cuando nos disponíamos a iniciar el diálogo, apareció un grupo de jóvenes con un banner de la COR (Central Obrera Regional, pro-gubernamental, nr) que se puso delante de la marcha de los padres de familia, y fueron quienes comenzaron el ataque a las oficinas de la Alcaldía pateando puertas y rompiendo chapas…, nosotros no los hemos convocado a ellos, no tenemos nada que ver con la COR”, dijo el padre de familia.

Este testimonio desmiente al ministro Romero y demuestra que la tensión entre la Alcaldesa y los Padres de Familia exigiendo mejores escuelas para sus hijos es parte de la vida democrática en El Alto, y de ninguna manera causó el incendio con seis muertos, provocado, sí, por vándalos infiltrados para generar inestabilidad y muerte en nombre del MAS. Lo grave para el Ministro de Gobierno es que esos conocidos vándalos no fueron frenados a tiempo por la Policía, lo cual les permitió consumar el crimen.

“Nosotros siempre hemos salido en marchas exigiendo que se mejoren las escuelas para nuestros hijos ya desde que el Alcalde era Edgar Patana, y en esas ocasiones la Policía venía a gasificarnos y dispersarnos para impedir que lleguemos a las puertas de la Alcaldía, pero ahora ni aparecieron…”, declaró una ama de casa a la misma Cadena A.

Además, según informó Oscar Huanca, Presidente del Consejo Municipal de El Alto, respondiendo a la demanda de los padres de familia la gestión de Chapetón redujo los gastos de representación de la burocracia edil generando un ahorro de casi un millón de bolivianos agregados al presupuesto incrementado para infraestructura educativa. También informó que los concejales por unanimidad disminuyeron el monto mensual de sus dietas para aportar recursos al ítem de mobiliarios escolares.

Y por si fuera poco, el lunes 15 de febrero, 48 horas antes de la tragedia, el Concejo Municipal de El Alto promulgó una ley municipal de emergencia para intervenir en las unidades educativas con más necesidades, destinando dos millones de bolivianos para resolver urgencias pendientes desde la anterior gestión.

No fue pues, entonces, la falta de atención a la demanda educativa de la ciudadanía causante de la tragedia como insinúa el ministro Carlos Romero. La causa de la tragedia fue la premeditada acción criminal de los vándalos infiltrados en esa marcha ciudadana, y la ineficacia de la Policía —al mando del viceministro Marcelo Elío— para prevenir y evitar esa acción vandálica promovida y aplaudida desde el lado más oscuro del partido gobernante.

GRINGO GONZÁLES: REDUCIDO A UNOS SUBTÍTULOS

Tras conocerse el audiovisual que muestra al viceministro Elío impartiendo instrucciones al comandante policial de El Alto, el presidente del Senado José “Gringo” Gonzales convocó a una conferencia de prensa, junto a la presidente de Diputados Gabriela Montaño, para defender al cuestionado Viceministro afirmando con desparpajo, impropio de un periodista, que el video (exhibido por un senador opositor con desesperado afán de protagonismo sin duda, haciendo campaña política a favor de un indolente empresario que aspira a la Presidencia) no muestra lo que se oye y se ve debido a que los subtítulos editados sobre el original “no coinciden con la voz”.

Sin embargo, escuchando sólo el audio con abstracción de imagen y subtítulos, se oye la inconfundible voz de Marcelo Elío diciéndole al coronel José Peña: “descartemos lo del auto-atentado, fue una provocación”. Finalmente, es el mismo comandante policial de El Alto, ahora destituido cual chivo expiatorio, quien deberá confirmar o desmentir qué es lo que exactamente le dijo Elío a esa hora del mediodía después del asesinato a seis inocentes alteños.

El senador Gonzales, además, apuntala otros argumentos que propala esta corriente encubridora a partir del “auto-atentado”, acusando a la gendarmería municipal por no resguardar el edificio municipal y a la misma Chapetón por “dejar encerrados a la fuerza” a las víctimas que murieron.

GABRIELA MONTAÑO: LA CULPA ES DE LAS VÍCTIMAS

En la misma conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, volvió a descargar las responsabilidades del crimen político en la gestión opositora de la alcaldesa Soledad Chapetón, acusando a la Gendarmería Municipal por no haber resguardado el edificio de la Alcaldía del ataque incendiario. Para Montaño, más culpable de las muertes es la Gendarmería Municipal y no la Policía Nacional. Insinúa que la ausencia de los gendarmes ediles en las puertas de la Alcaldía al momento del ataque fue “muy sospechosa”. Resulta insólito que una legisladora con la experiencia de Montaño desconozca que en los estatutos municipales y los manuales de funciones en todas las alcaldías del país, las gendarmerías o policías municipales son unidades totalmente desarmadas, dependientes de las intendencias, que hacen cumplir ordenanzas y otras normativas domésticas en los mercados, sitios  y vías públicas específicamente. El resguardo de los edificios y reparticiones municipales, como bienes del Estado, es atribución específica de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Gobierno, según la Constitución.

Otra insidia en la que Gabriela Montaño pone énfasis —lo mismo que Elío, Siles y Gonzales— es en el hecho que de que los funcionarios de la Alcaldía que murieron fueron “encerrados a la fuerza” dentro el edificio por una supuesta decisión criminal del entorno ejecutivo de la alcaldesa Chapetón, con lo cual se pretende imponer el guión de un “auto-atentado” fabricado con premeditación siguiendo instrucciones que Carlos Sánchez Berzaín le habría impartido a la alcaldesa Chapetón desde Washington.

Según responde la Alcaldesa ante esa versión oficial que la incrimina como responsable de las muertes, efectivamente la rutina ante las manifestaciones ciudadanas en puertas de la Alcaldía, siempre con los violentos infiltrados en la cresta de la ola, implicaba cerrar todas las salidas del edificio para impedir la invasión de los pandilleros enviados por Braulio Rocha. “En una ocasión todos los funcionarios y algunos ciudadanos que hacían sus trámites, tuvimos que quedarnos encerrados dentro el edificio hasta las once de la noche, todo el tiempo asechados por la gente de Braulio Rocha que nos esperaba en las puertas para agredirnos, sin considerar que habían mujeres embarazadas o con niños en brazos”, reveló Chapetón en una entrevista con la periodista María Renee Duchen en el programa Todo a Pulmón de Cadena A.

Los seis fallecidos eran parte de un grupo de funcionarios que huían del edificio en llamas desde la ventana de un baño. Era tan intenso el humo tóxico que no alcanzaron a salir a tiempo. Aquí el punto no es por qué se encerraron los funcionarios municipales dentro su edificio, incluyendo los gendarmes, sino quiénes y por qué irrumpieron en las oficinas de la Alcaldía para prender fuego y matar.

Alcaldía El Alto nakhantatawa | Así fue el ataque criminal | Video

Entrevista de Amalia Pando con testigos y sobrevivientes | Video

Braulio Rocha y su crimen final

Ahora que se halla tras las rejas, el teléfono celular de Braulio Rocha será una fuente primordial de pistas para establecer las movidas de este jefe mafioso durante la jornada del 17 de febrero. Por ejemplo, cuántas veces habló, y en qué momentos, con  Henry Alcón Tambo, ex Secreteraio Financiero de la gestión de Edgar Patana, con Nelly Mamani, ex directora de Género en la misma gestión, y con Wilmer Sarzuri Apaza, ex candidato a Concejal por el MAS y miembro activo de la banda de Rocha. Todos ellos estuvieron a la cabeza del asalto al edificio municipal y el más visible fue Sarzuri Apaza.

El registro de llamadas en el celular de Rocha también podría establecer si el “representante gremial” mantuvo contacto con autoridades de Gobierno y dirigentes políticos que protegían las actividades delictivas del tipo en cuestión, las mismas que se hicieron de dominio público hace un año.

El domingo 26 de abril del 2015, Braulio Rocha llamó al celular de su contrincante en la disputa por el control de la Federación de Gremiales de El Alto, Henry Illanes, amenazándole de muerte con la intención de anular la candidatura de su rival. Illanes grabó la llamada del mafioso y lo que se escuchó era temible.

En el audio difundido por la red Erbol,Rocha le dice a Illanes que tenía un grupo de sicarios a su servicio, que “por mil lucas” (Bs 1.000) perseguirían a su rival averiguando su domicilio para “cazarlo” como ya había sucedido en dos casos anteriormente.

Se supo asimismo que otra rival de Braulio Rocha en el gremio, Petrona Choque, fue secuestrada y vejada por matones que pagó para obligarla a desistir de su candidatura.

Un día antes de la terrorífica llamada a Illanes, el diputado por el MAS Sergio Choque, que había ejercido el cargo de Secretario General  de la Alcaldía de El Alto en la gestión de Patana, denunció a la misma red Erbol que Braulio Rocha recibía el 50% de los ingresos por patentes en los sitios municipales, ventas que además debían ser autorizadas por él en su condición de dirigente gremial. Esta prebenda fue obtenida por Rocha el año 2005, durante la gestión del alcalde José Luis Paredes, y refrendada mediante ordenanzas municipales en las gestiones subsiguientes. Cualquier intento por revertir ese indebido privilegio implicaba una violenta movilización de su federación en puertas de la Alcaldía o el Concejo Municipal.

Sergio Choque intentó cortar ese flujo de ingresos que Braulio Rocha se apropiaba extorsivamente de las arcas municipales, al margen otros privilegios impuestos a favor de sus familiares, y desde entonces comenzó a vivir “una “pesadilla”, dijo. Todo había comenzado cuando Choque autorizó el decomiso de mercadería en sitios no autorizados por la Alcaldía pero sí por Rocha.  “Justo se hizo un operativo en la avenida Tiahuanaco, donde la familia de Rocha vende, entonces se decomisó ahí y en la tarde recibí una llamada de Rocha totalmente feroz”, recordó el ahora diputado por el MAS.

El diputado denunció que las personas amedrentadas por Rocha incluso se ven obligadas a dejar la ciudad de El Alto “por precautelar su seguridad y la de sus familiares”.

“Don Braulio Rocha es prácticamente el propietario de El Alto, es quien al final determina muchos aspectos (de la administración local), hablar de Braulio es hablar de poder, eso no podemos negar, por eso también muchos que se pusieron en su frente terminaron en el hospital y se han ido de El Alto”, advirtió Choque.

Tras las últimas elecciones municipales que dieron la Alcaldía a la opositora Soledad Chapetón, esta joven lideresa alteña decidió cortar las uñas de Braulio Rocha, rompiendo el “pacto” que el hábil delincuente había mantenido desde hace diez años reteniendo para sí el 50% de los ingresos por patentes y venta de sitios en los mercados de El Alto. Chapetón prescindió del “co-gobierno” con la federación gremialista de Rocha, designando a su personal sin consultar con el jefe mafioso, quien tenía incluso control sobre la designación de sub-alcaldes como parte de su “cuota de poder”.

Fue entonces que Braulio Rocha juró ser la “pesadilla” de Soledad Chapetón, exigiéndole el pago de $us 579.000 (más de medio millón de dólares) que la Alcaldía le “debía” a su federación por concepto del 50% de los ingresos municipales que la nueva Alcaldesa se negó a transferir a la “cuenta gremial” de Rocha.

“A la Chapetón como es Alcaldesa le vamos a pedir que desembolse con un proyecto que vaya a beneficiar a mi familia gremial”, advirtió Rocha, confesando que su “sueño” era construir con ese dinero “un hospital” para sus afiliados.

Cuando Chapetón dio a entender que ese medio millón de dólares exigido por Rocha no llegaría a sus manos, el viejo pandillero lanzó una amenaza frontal contra la Alcaldesa en declaraciones difundidas por la red ATB, el 2 de abril del 2015, expresando esta frase agorera que se hizo cruel realidad el pasado 17 de febrero:

“Chapetón, voy a ser tu pesadilla por el resto de tu vida”.

Ya entonces, nadie tomó cartas en el asunto.

Las amenazas públicas de Braulio Rocha | VIDEOS

“Empate técnico” fue la consigna que lanzaron los voceros del Gobierno la noche del domingo al finalizar el “conteo rápido” en boca de urna, basándose en los porcentajes de una de las empresas encuestadoras, Mori, que emitió sus resultados a través de la red televisiva Red-Uno. Sobre una muestra del 98% de votos emitidos, Mori dio como ganador a la opción del NO con el 51% frente a un 49% para la opción del SI en la consulta para reformar el artículo 168 de la Constitución permitiendo por tercera vez la re-postulación y re-elección de los actuales mandatarios.

La tesis del “empate técnico” con apenas dos puntos de incertidumbre (49% SI vs 51% NO), alienta la esperanza gubernamental de que esa cifra podría revertirse en los cómputos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considerando que el “conteo rápido” en boca de urna apenas representaría un 15% de la votación nacional; por lo que en el 85% no contabilizado en boca de urna se hallaría el voto mayoritario por el SÍ, incluyendo el voto en el exterior y zonas periurbanas y rurales, donde el Gobierno asegura tener más del 90% de la votación. El argumento lanzado por el Vicepresidente y repetido al unísono por el resto de autoridades políticas del Gobierno, se funda además en “antecedentes” de anteriores elecciones cuando ganaba el MAS con amplia mayoría y cuando los resultados en boca de urna de las encuestadoras eran superadas con más de dos puntos por los resultados finales del TSE. Sin embargo este no parece ser el caso.

La otra empresa encuestadora, Ipsos, cuyos resultados fueron difundidos esa misma noche por la red ATB, arrojó su resultado en boca de urna —sobre un universo del 100% de votos emitidos— dando una votación al NO en un 52,3%, frente al 47,7% por el SI. En este caso la diferencia a favor del NO es mayor con más de cuatro puntos (4,6 exactamente) que no dejan lugar a dudas. A partir de este indicador de tendencia, el sociólogo Jorge Komadina Rimassa —entrevistado por la misma red ATB— dio por sentado que esa tendencia es técnicamente irreversible, pues para remontarla y revertirla la opción por el SÍ tendría que obtener más de 200.000 votos adicionales a su caudal ya registrado.

Las autoridades gubernamentales que se aferran al “empate técnico” ignoraron deliberadamente los resultados de Ipsos-ATB basándose exclusivamente en los datos de Mori-Red Uno. Ambas encuestadoras ya habían tomado en cuenta en sus estimaciones el voto emitido en el extranjero, cuyo peso es nulo respecto a la votación final, a contrapelo del discurso oficial que pretende basar un posible triunfo del SI en el voto de migrantes que no viven en Bolivia.

Datos oficiales del TSE contra todo pronóstico

Pero fue el propio Tribunal Supremo Electoral que se encargó de echar por tierra la tesis del “empate técnico”, con resultados oficiales que se asemejan mucho más el “conteo rápido” de Ipsos-ATB, ampliamente favorable al NO, y se alejan abismalmente del sondeo “empatador” realizado por Mori-Red Uno.

A pocas horas de concluirse los primeros escrutinios oficiales la mañana del lunes, sobre el 72% de los votos válidos emitidos, el Tribunal Supremo Electoral informó que el resultado preliminar en ese momento era de 43,44% a favor del SÍ y 56,78% a favor del NO; es decir una diferencia de 13,34 puntos favorable a la negativa de reformar la Constitución.

Posteriormente el TSE actualizó las cifras parciales emitiendo el conteo oficial sobre un total del 85% de los votos válidos, dando como ganador a la opción del NO con el 53,8% frente a un 46,2% para el SI, marcando una diferencia porcentual de 7,6%, menor a la registrada en el conteo anterior cuando la diferencia era de 13,34 puntos. Estos datos se mantuvieron accesibles en la página web del TSE hasta aproximadamente las nueve de la noche del lunes, antes de que dicho sitio cayera debido a la congestión de visitas.

Los resultados oficiales muestran una leve tendencia a mejorar la votación a favor del SI, pero la tendencia ganadora del NO se mantiene inalterable y se torna inalcanzable a medida en que se suman todas las actas que siguen llegando de las regiones más alejadas del territorio nacional, faltando sólo el 15% de los votos válidos emitidos.

Un empate técnicamente imposible

Se estima un padrón electoral completo de 5’181.000 votos habilitados, según el registro biométrico del TSE.

El 85% de aquel padrón son 4’403.850 votos contabilizados hasta ayer, de los cuales el 53,8% representa al NO con 2’369.271 votos, mientras el 46,2% representa al SÍ con 2’034.579 votos válidos. La diferencia entre ambos es de 334.693 votos a favor del NO, es decir los 7,6 puntos porcentuales.

El 15% de la votación que falta ser escrutada alcanza a 775.650 votos habilitados pendientes de conteo. Para al menos emparejar al NO cubriendo los 334.693 votos que tiene en desventaja según el dato oficial, el SÍ tendría que obtener por lo mínimo el 57% de esos votos pendientes; lo cual es técnicamente imposible, pues aún reduciendo el NO del 53,8% actual a sólo el 43% (extremo improbable en condiciones normales de transparencia electoral) esta opción mantendría invariable su tendencia ganadora en el cómputo final, por lo cual la Constitución Política no podrá ser modificada; y por tanto el Presidente y Vicepresidente ya no podrán aspirar a una nueva re-elección.

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Jorge Carrasco Jahnsen dirigió El Diario manteniendo la línea invariable del periódico fundado por su bisabuelo cochabambino, estrechamente ligada a la reivindicación marítima de Bolivia.

Jorge Carrasco Jahnsen, dueño del periódico El Diario, falleció esta mañana, según confirmaron miembros del personal del medio de comunicación, informó hace minutos la red Erbol.

“En este momento, no podemos dar más detalles, pero el señor Carrasco falleció esta mañana y sus hijos se encuentran muy consternados. Estimamos que mañana ellos se pondrán en contacto con los medios de comunicación”, dijo una fuente interna del periódico.

Agregó que Jorge y Antonio, hijos del propietario del medio y herederos de la tradición periodística de la familia, preparan los detalles del velorio y el entierro de su padre. El Diario es el periódico más antiguo de Bolivia. Fue fundado en 1904 por el periodista cochabambino José Carrasco Torrico, bisabuelo del ahora fallecido.

Según La Razón, el exdirector general del periódico El Diario falleció a la edad de 70 años. Estuvo a cargo del matutino paceño entre 1993 y 2002.

El Decano de la Prensa Nacional, como se lo conoce a El Diario, publicó a través de su página de la red social Facebook la esquela que informa escuetamente sobre el lamentable deceso.

© Kattya Valdés | Tomado de La RazónVarinia Buitrago Hurtado, de 21 años, fue atada y golpeada por quienes la retuvieron antes de estrangularla, según se desprende del protocolo de autopsia. El padre de la joven denunció que la apelación de las medidas cautelares contra la única sospechosa sufre un inexplicable retraso.

La pericia concluyó que la joven —desaparecida la tarde del miércoles 20 y cuyo cuerpo fue encontrado la noche del viernes 22— murió a causa de “asfixia mecánica por compresión cervical externa a lazo y estrangulación”. También detectó surcos equimóticos en brazos y piernas, además de varios moretones y escoriaciones.

Hay un “surco equimótico de 10 centímetros entre el tercio medio y distal que se extiende desde la cara lateral pasando por la cara posterior del antebrazo derecho”, dice el informe forense. Lo propio ocurrió en el antebrazo izquierdo, donde presentaba un surco equimótico rojizo de 14,5 centímetros.

Heridas en las piernas

En la rodilla de la pierna derecha, presentaba una erosión de cinco milímetros y un surco equimótico de 18 centímetros y otro surco equimótico de cinco centímetros en la parte posterior del tobillo. En la pierna izquierda se halló contusiones similares y un surco equimótico en el tobillo.

“Se han encontrado marcas en sus pies y sus brazos de mi hija, lo que quiere decir que la ha tenido maniatada, además de haberla golpeado”, explicó su padre Jaime Buitrago. Esta interpretación fue confirmada por un perito consultado por La Razón, quien pidió no ser identificado.

Secuestro previo al asesinato

El examen también determinó que la joven tenía moretones y lesiones en la nariz, la boca y los oídos. Si bien no presentaba fracturas en el cráneo, sí había presencia de “infiltrados hemorrágicos (chichones)”, al igual que en el tórax. “La han tenido secuestrada” —agregó—, ya que la pericia determinó que la data de la muerte era de entre 15 y 18 horas (respecto a la hora en la que se hizo el levantamiento legal del cadáver), lo que significa que habría fallecido entre la 01.00 y las 04.00 del viernes 22.

El cuerpo de la estudiante de Psicología fue hallado a las 19.10 del viernes en el río Choqueyapu, a la altura de la Curva de Holguín.

Katherine C. H., la pareja de la joven, la última que la vio con vida, fue aprehendida e imputada por feminicidio, aunque la jueza 10º Cautelar Penal, Marcela Yasik, la arraigó y ordenó su detención domiciliaria  El progenitor de la víctima cuestionó el hecho de que aunque el fiscal a cargo apeló la determinación de la jueza, hasta el cierre de edición ella no fijó una fecha para la audiencia.

El padre de Varinia aseguró que se enteró por los amigos de su hija que ella mantenía una “relación tortuosa” con Katherine C. H., a quien describió como:  una persona “emocionalmente inestable y dominante (…), que acosaba a mi hija, incluso la golpeaba. Por eso mi hija terminó un mes antes su relación”.

Creen que existen cómplices

Hipótesis

El padre de la víctima, al igual que la Fiscalía, cree que no fue una sola persona la que actuó en este caso. “Yo no estoy acusando a nadie, pero esa joven ha tenido que hacer las cosas con otra persona u otras personas, porque sola, no creo”.

Pericias

Las pericias en este caso continuarán, ya que la médico forense Lisset Camacho tomó varias muestras del cuerpo de la víctima, además de colectar sus prendas de vestir.

El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó el lunes mediante la agencia estatal ABI que el examen de autopsia practicado al cuerpo de la joven Varinia Buitrago reveló que fue estrangulada, y anunció que la investigación se ampliará porque se presume que hubo complicidad en el delito. Según esta versión oficial, el asesinato se cometió con premeditación.

“Se pudo establecer como causa probable de la muerte el estrangulamiento de la muchacha y se tuvo como probable partícipe la pareja de esta joven (…) en datos iniciales que han proporcionado ella habría dejado existir al día siguiente de su desaparición en horas de la tarde, eso está sujeto a un análisis profesional”, informó en conferencia de prensa.

Ayer, la jueza décima de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, determinó arresto domiciliario para la joven Katherine H, de 21 años, a quien la Fiscalía imputó por feminicidio al identificarla como la principal sospechosa del crimen.

El Fiscal Departamental informó también que se presume que el hecho se produjo en complicidad con otras personas.

“Estamos asumiendo que no habría participado únicamente la imputada sino que existirían otras personas que pudieron haber tenido conocimiento y participar del hecho (…) una de las hipótesis básicamente radicaba en que el cuerpo había sido llevado hasta ese lugar”, explicó.

Informó también que la investigación se extenderá a otras personas y que se realizará una pericia informática a los celulares para saber con quiénes la victima mantuvo contacto antes de registrarse el hecho.

El cuerpo de la joven fue hallado sin vida el viernes en inmediaciones de la Curva de Holguín de la ciudad de La Paz, dos días después de haber sido reportada como desaparecida.

Este domingo fue puesta en libertad condicional una amiga de la joven Varinia Buitrago Hurtado —victimizada en circunstancias aún desconocidas el pasado fin de semana—, tras ser aprehendida el sábado dentro la investigación que avanza para esclarecer el crimen. La jueza décimo cautelar penal de La Paz, Marcela Yasik Flores, dictó libertad con arraigo para la joven K.C.H. investigada por la muerte de Varinia, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el viernes pasado en la curva de Holguín, informó hoy la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Segín precisó el matutino El Diario, la triangulación de las últimas llamadas que efectuó y recibió Varinia en su celular, junto al informe forense, son las primeras pericias, que esperan, ayuden a esclarecer los móviles de su muerte. Como un primer resultado de ese restreo telefónico, se procedió a la aprehensión de la amiga de la joven, con quien tenía una cita el día de su desaparición, informó el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), coronel Gari Omonte.

Según los datos preliminares, se conoce que el cuerpo sin vida de Varinia fue hallado a las 19.10 del viernes, en el lecho del río Choqueyapu, a la altura del parqueo que se encuentra frente a la estación de la Línea Amarilla del teleférico, en la avenida Hernando Siles, antes del lugar denominado Curva de Holguin. Entre las pertenencias de la joven, se halló su celular.

La autopsia de ley fue realizada por la médico forense Lizet Camacho y el caso era investigado por efectivos de la Felcc de la zona Sur. Los resultados de la autopsia, que todavía se desconocen, esclarecerán la causa del deceso, informó el coronel. El caso pasó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y está a cargo del fiscal Humberto Espinoza.

Varinia Buitrago Hurtado tenía 21 años y estudiaba sociología en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Sus familiares denunciaron su desaparición el miércoles pasado. Su padre es el periodista Jaime Buitrago.

El cuerpo sin vida de la joven Varinia Buitrago Hurtado, hija del periodista Jaime Buitrago, fue encontrado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la noche de ayer viernes, en inmediaciones de la curva de Holguín de La Paz, informó el Ministerio de Gobierno mediante un comunicado oficial.

La muchacha, de 21 años, desapareció el miércoles, recordó la Agencia de Noticias Fides (ANF). Sus padres iniciaron la búsqueda y compartieron fotografías en diversas redes sociales con la esperanza de encontrarla. Sin embargo, la noticia del fallecimiento se conoció la noche de este viernes.

“La Policía abrió una investigación  para determinar las causas del deceso de la joven que fue declarada desaparecida el pasado miércoles 20”, indica el comunicado del Ministerio de Gobierno.

El matutino La Razón informó que tras el comunicado gubernamental, el director de la Felcc, coronel Gary Omonte, ratificó esa información: “Aproximadamente a las 19.00 se encontró el cuerpo de la joven en el río, a la altura de la Curva de Holguín, y aún no se sabe la causa de la muerte, será el forense el que determine la misma mañana (por hoy) cuando se le practique la autopsia de ley”.

Varinia, estudiante de Psicología, desapareció la tarde del miércoles 20 de enero en inmediaciones de la avenida Kantutani, en La Paz. Según sus familiares, salió de su domicilio con la intención de encontrarse con un amigo, sin embargo, la cita no llegó a concretarse y en horas de la noche su teléfono celular ya estaba apagado.

“A las 22.15 (del miércoles) mi esposa la comenzó a llamar (a su teléfono celular) pero el teléfono ya estaba apagado. A las 22.50 mi esposa llamó a su amigo pero él le dijo que no se vieron porque mi hija lo llamó y le dijo que no se verían porque tenía mucho que hacer”, relató el afligido padre al diario digital Oxígeno.bo.

El padre de la víctima aseguró a La Razón que una amiga de la joven la vio por última vez en inmediaciones de una plaza al comenzar la avenida Kantutani, en el barrio de Sopocachi, y se inició una cruzada para hallarla.

El progenitor señaló que el jueves  la Fiscalía ya había emitido un requerimiento fiscal para obtener el extracto de las llamadas del celular de la joven para establecer con quiénes tuvo contacto el día de su desaparición.

Varinia Michelle Buitrago Hurtado de 21 años de edad, hija del periodista Jaime Buitrago Romero, no aparece desde la tarde del miércoles cuando salió de su casa, ubicada en la zona de Cotahuma, para encontrarse con un amigo a tomar un café.

“Vestía un pantalón azul oscuro, polera ploma, una capucha ploma y una chaqueta negra de algodón y zapatillas beige”, informó a ANF la madre de la joven, Erika Hurtado.

Hurtado contó que al pasar las horas y no llegar Varinia a su casa llamó al amigo con quien supuestamente debía encontrarse, pero éste le dijo que nunca quedaron en verse.

Los familiares hablaron con otros amigos de la joven, pero nadie dio información sobre su paradero.

Hurtado dijo que este jueves debía realizar la denuncia formal por la desaparición pero por cambios en el memorial no pudo concretarse y por esta razón posiblemente deban esperar hasta el lunes.

Cualquier información sobre el paradero de la joven será recibida por los familiares mediante los teléfonos 79587226 y 71266991.

Las denuncias del Ministerio de Transparencia en casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tienen como basamento técnico-pericial un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que elabora la UIF tras un rastreo cruzado de las cuentas bancarias, transacciones comerciales y movimientos tributarios de personas sospechosas de lavar dinero de origen ilegal, como es el caso concreto de Gabriela Zapata Montaño. | Fotomontaje Sol de Pando

Aunque cierto sector del Gobierno liderado por el Ministro de la Presidencia intenta soslayar un caso inequívoco de enriquecimiento ilícito por la extraña fortuna que ostentó públicamente la joven empresaria Gabriela Zapata Montaño en los últimos dos años, la Ministra de Transparencia y el Ministro de Gobierno reivindican la vigencia de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas. Sin embargo el Fiscal General del Estado desautorizó en las pasadas horas la detención de Zapata en los marcos de dicha Ley. Reducir el caso a un hecho aislado de tráfico de influencias con la empresa china CAM-C (siendo que Zapata está vinculada con por lo menos tres empresas beneficiadas contractualmente por el Gobierno) es una maniobra dirigida a encubrir el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas y evadir la aplicación de la referida Ley 004 que lleva el nombre del  incorruptible mártir socialista…

Una carta oficial dirigida a primeras horas de este viernes por la ministra de Transparencia Lenny Tatiana Valdivia Bautista a su colega Carlos Romero Bonifaz, Ministro de Gobierno, solicitando tomar acciones contra la ciudadana Gabriela Geraldine Zapata Montaño por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas —en los marcos de un cumplimiento estricto de la vigente Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, denominada también Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz—, abrió un efectivo proceso de transparentación que era esperado por fuertes corrientes éticas en la opinión pública nacional.

El arresto policial y la posterior aprehensión de Gabriela Zapata ordenada por el fiscal de materia penal de La Paz Edwin José Blanco Soria, a requerimiento de ambas carteras de Estado y sobre la base de un sólida presunción de peligro de fuga y obstrucción a la justicia por parte de la empresaria (dadas sus influencias en importantes niveles jerárquicos del Estado), puso en segundo plano y dejó atrás como la liebre a una tortuga la incierta “investigación” emprendida por una comisión mixta legislativa que se limita a “revisar” los onerosos contratos con la empresa china Camc Engineering Corporation (CAM-C), de la que Zapata es aún Gerente Comercial sin acreditar méritos académicos ni profesionales para tal cargo.

La diputada Susana Rivero, presidenta de aquella comisión congresal, aclaró que la detención de Zapata no fue “provocada” por esa instancia legislativa. La diputada Rivero, estrecha colaboradora política del ministro Juan Ramón Quintana en el Beni (donde fue directora de Ademaf), explicó que su comisión aún se encuentra “acopiando” información sobre los cuatro contratos del Gobierno con la china CAM-C, los cuales “serán revisados desde su primera hasta la última página”; pero mientras se tramita esa documentación, la investigación parlamentaria espera las calendas griegas. “Nosotros estamos recién iniciando la investigación”, dijo Susana Rivero al insinuar que la detención de Zapata habría sido “apresurada”.

En los hechos, esta comisión legislativa viene realizando la labor técnica e institucioonal que corresponde estrictamente a la Contraloría y la Procuradoría General del Estado.

Otro miembro de la misma comisión legislativa, Wilson Santa María, diputado opositor por la bancada de Unidad Demócrata (UD), denunció que le detención de Zapata Montaño a iniciativa de los Ministerios de Transparencia y de Gobierno, “es una cortina de humo” para supuestamente opacar una investigación congresal que aún no empezó. En su despiste político y legal, el diputado opositor mostró desconocer la Ley Marcelo Santa Cruz promulgada el 29 de marzo del 2010.

A diferencia de la investigación congresal armada visiblemente para dilatar y dejar en la impunidad los delitos económicos de Gabriela Zapata y su entorno gubernamental, la investigación que emprende el Ministerio de Transparencia se activa con un dispositivo expreso de Celeridad previsto en el artículo 4 de la Ley Anti-corrupción:

“Celeridad. Los mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción, deben ser prontos y oportunos”.

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La Fiscalía y la Lucha contra la Corrupción

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, declaró desde Sucre que el Ministerio Público “no ordenó la detención de la señora Gabriela Zapata”, desautorizando con esa declaración no sólo a los ministerios de Transparencia y de Gobierno, sino también a su agente fiscal que tomó el caso en La Paz, Edwin José Blanco Soria, quien dispuso la aprehensión de Zapata mientras no culminen las declaraciones informativas de la aprehendida por sospecha de Legitimación de Ganancias Ilícitas. A partir de ahora el caso está manos de un Juez Cautelar que definirá la situación legal de Zapata en la respectiva audiencia de medidas cautelares que podría producirse en las próximas horas de este fin de semana o el lunes a más tardar.

A la Fiscalía General del Estado no le queda otro camino que apoyar la acusación de los ministerios de Transparencia y de Gobierno, caso contrario el Fiscal General, Ramiro Guerrero, podría también ser procesado bajo la misma Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia.

La Ley 004 creó un Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas que está integrado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Ministerio de Gobierno y la misma Fiscalía General del Estado (Ministerio Público), junto con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía y la Procuraduría General del Estado, además de representantes de la Sociedad Civil Organizada  “de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado y la Ley”.

Este amplio Consejo Anti-corrupción ya preestablecida por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tiene mayores atribuciones legales que esa comisión mixta del Parlamento improvisada para investigar y esclarecer dilatoriamente las andanzas de Gabriela Zapata en los pasillos del Palacio Quemado.

Según el artículo 6 de la Ley 004, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, presidido por la Ministra de Transparencia, “deberá reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año y extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros”.

Las denuncias que emanan del Ministerio de Transparencia en casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tienen como basamento técnico-pericial un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que elabora la UIF tras un rastreo cruzado de las cuentas bancarias, transacciones comerciales y movimientos tributarios de personas sospechosas de lavar dinero de origen ilegal, como es el caso concreto de Gabriela Zapata Montaño.

Los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas

La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece que la corrupción en la gestión pública es un delito penal definido en los siguientes términos en su artículo 2:

“Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado”.

Dentro esta definición legal de corrupción, se hallan comprendidos los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Contratos lesivos al Estado, entre otros.

El Enriquecimiento Ilícito es una figura delictiva que la Ley 004 incorpora en el Código de Procedimiento Penal bajo el siguiente concepto definido en su artículo 28 para personas particulares (no funcionarios públicos):

“La persona natural, que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.

Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio”.

Asimismo, en su artículo 34 la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz amplía en el artículo 185 del Código Penal el ámbito del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas abarcando lo siguiente:

“El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos a quinientos días.

(…).

El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años”.

El delito de contratos lesivos al Estado (ligado al delito de tráfico de influencias), también incorporado al Código Penal, se define así en la Ley 004:

“La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.

En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años.

El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional, será sancionado con reclusión de tres a ocho años”.

Si Gabriela Zapata Montaño muestra en la investigación indicios de haber cometido aquellos delitos en el ejercicio de su sospechosa actividad empresarial, corresponderá la inmediata incautación de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias, incluyendo bienes y cuentas de sus cómplices, padrinos políticos y encubridores.

La riqueza sospechosa de Gabriela Zapata

Gabriela Zapata en la campaña electoral del 2010, entonces aún una modesta y sencillla militante de base. Fue durante esa campaña electoral que la joven se vinculó al Ministerio de la Presidencia. | Foto Archivo

El problema del Estado y la sociedad con Gabriela Geraldine Zapata Montaño no se reduce a aquellos cuatro contratos que el Gobierno suscribió con la empresa china CAM-C teniendo como gerente Comercial a esta osada joven que se enriqueció de la noche a la mañana, desarrollando esos vínculos dolosos sin experiencia previa ni formación académica alguna en manejos empresariales de semejante magnitud.

Según el informe que Sol de Pando publicó el pasado 6 de febrero, Zapata debe aclarar en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz las siguientes dudas sobre su patrimonio empresarial y personal:

1.- En julio del año 2013, Gabriela Zapata creó una empresa de su propiedad denominada “Consiluim SRL” para realizar “actividades de arquitectura, construcciones civiles, servicios profesionales técnicos, ingeniería y actividades conexas”. La empresa se conformó en Santa Cruz con un capital de Bs 800.000 bolivianos (equivalentes a 115.000 dólares), teniendo como socios a los empresarios cruceños Miguel Ángel Suárez Roca, Sigfrido Antelo Suárez y Gilberto Mauricio Gutiérrez. A un año de su constitución, en agosto del 2014, los tres accionistas varones abandonan la sociedad transfiriendo el 100% del paquete accionario a Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Según publicó ella misma, con esta empresa habría obtenido un contrato para construir vías férreas y camineras dentro el Mutún. Una fuente no oficial comunicó a Sol de Pando que “Consiluim SRL” tiene una oficina habilitada en Villa Tunari (Chapare). La pregunta es: ¿De dónde obtuvo Gabriela Zapata aquellos 115.000 dólares para convertirse en la única dueña de “Consilium”?

2.- En la minuta de constitución de su empresa “Consilium SRL”, la inversionista, de 26 años en ese momento, declara como domicilio un departamento en el lujoso condominio El Vergel de Achumani, avaluado en $us 150.000. ¿Cómo obtuvo ese dinero para ocupar ese condominio?

3.- De acuerdo a un reportaje publicado ANF, actualmente ocupa una mansión que cuesta aproximadamente un millón de dólares en la exclusiva urbanización de La Rinconada, ubicada en la zona La Floresta, al sur de la ciudad de La Paz, que pertenecía al fallecido Guillermo Fortún, exministro de Gobierno y hombre de confianza del expresidente Hugo Banzer Suárez. Según la misma ANF, una de las hijas de Fortún, que se declaró partidaria del actual Gobierno, reveló que Zapata pagó un anticrético de $us 100.000 para ocupar esa lujosa mansión. ¿De dónde obtuvo ese monto exactamente?

4.- En una entrevista publicada en la sección Social de El Diario el 18 de octubre del pasado año 2015, Gabriela Zapata afirma ser la benefactora de una Fundación en pro de Niños con Cáncer, junto a un grupo de empresarios. ¿Quiénes son esos empresarios y de dónde surgieron los recursos para dicha Fundación?

5.- Aunque reconoce que no es abogada en ejercicio y que por tanto no puede ejercer representación legal de ninguna empresa, el mismo año 2013 fue designada Representante Legal de la empresa israelí “Telemenia” para ejecutar proyectos de electrificación en el Beni. No existen datos oficiales al respecto.

El 21 de enero del 2015 Gabriela Zapata publicó en su Facebook palabras elogiosas para el ministro Quintana, “uno de los conductores de este proceso”, y también se refirió a el ex futbolista Leo Fernández como “un gran amigo leal”. Después apareció en la foto junto a Evo Morales. | Fotomontaje Sol de Pando

Evo y esa “cara conocida”

Luego de la violenta revelación sobre el vínculo sentimental que había unido a Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales entre los años 2005 y 2007, noticia que hizo estallar el ex subsecretario del Interior y ex Jefe de Inteligencia Carlos Valverde Bravo con la exhibición ilegal del certificado de nacimiento de un niño procreado por ambos (violación a la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente que amerita un juicio por parte del Ministerio de Justicia, entidad tutelar de dicha Ley), el Presidente admitió esa relación aclarando que el niño había fallecido y que desde entonces rompió su relación con Zapata.

Sin embargo varios medios difundieron una foto en la que el Presidente y Zapata son vistos juntos tomados del brazo, en el carnaval de Oruro. Morales volvió a dar la cara ante esa revelación explicando que no se había percatado que aquella beldad era su ex novia. “Me parecía cara conocida” dijo Evo con una candidez que fue objeto de burlas grotescas en las redes sociales, por parte de opositores que aprovecharon esa circunstancia para destilar un odio lindante en el racismo contra un Presidente que, sin embargo,  parece haber perdido la esencia indígena de su figura política debido a las influencias de su actual entorno palaciego.

A los pocos días volvió a declarar que, con excepción de ese casual encuentro en el Carnaval de Oruro, no había visto a Gabriela Zapata desde el año 2007 (más aún porque la ex novia se había casado el año 2011 con un ciudadano de nombre Hugo Darío Carvajal Ayaviri). “Yo no sabía dónde trabajaba esta señora…, tengo la obligación de aclarar. Tuve problemas el 2007, después que tuve los problemas me llamó yo ya nunca contestaba”, dijo Evo en esa segunda declaración pública sobre el tema difundida por la misma agencia ANF el 13 de febrero, volviendo a insistir que en lo del encuentro en Oruro le pareció una “cara conocida”. Era obvio, la Gabriela Zapata que Evo conoció entre los años 2005 y 2007 no era la misma que se le había presentado en el Carnaval del 2015. Era otra cara evidentemente, una falsedad material en base a silicona pura, una hechura artificial en el ejercicio concupiscente y codicioso del Poder. Era una mujer totalmente transformada por cirugías estéticas de cuyo costo la glamorosa y exitosa Gabriela deberá aclarar en la investigación del Ministerio de Transparencia. Podríamos asegurar que la joven también es víctima de una pervertida manipulación para generar más de un enriquecimiento ilícito.

La interrogante que surge aquí es: ¿Quién o quiénes tenían interés, de modo tan celestino, en volver a vincular al Presidente con la ahora sensual y exitosa empresaria, candidata ideal a “Primera Dama” en el esquema corrupto y prorrogista que tiene a Evo Morales prisionero del Palacio?

No tenemos duda alguna al sostener que la respuesta a tal interrogante debe darla el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y deberá hacerlo ante el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas que preside la Ministra de Transparencia, y no ante la “Comisión mixta” del Parlamento que preside la diputada Susana Rivero, ex Directora de Ademaf en el Beni.

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“Empate técnico” fue la consigna que lanzaron los voceros del Gobierno la noche del domingo al finalizar el “conteo rápido” en boca de urna, basándose en los porcentajes de una de las empresas encuestadoras, Mori, que emitió sus resultados a través de la red televisiva Red-Uno. Sobre una muestra del 98% de votos emitidos, Mori dio como ganador a la opción del NO con el 51% frente a un 49% para la opción del SI en la consulta para reformar el artículo 168 de la Constitución permitiendo por tercera vez la re-postulación y re-elección de los actuales mandatarios.

La tesis del “empate técnico” con apenas dos puntos de incertidumbre (49% SI vs 51% NO), alienta la esperanza gubernamental de que esa cifra podría revertirse en los cómputos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considerando que el “conteo rápido” en boca de urna apenas representaría un 15% de la votación nacional; por lo que en el 85% no contabilizado en boca de urna se hallaría el voto mayoritario por el SÍ, incluyendo el voto en el exterior y zonas periurbanas y rurales, donde el Gobierno asegura tener más del 90% de la votación. El argumento lanzado por el Vicepresidente y repetido al unísono por el resto de autoridades políticas del Gobierno, se funda además en “antecedentes” de anteriores elecciones cuando ganaba el MAS con amplia mayoría y cuando los resultados en boca de urna de las encuestadoras eran superadas con más de dos puntos por los resultados finales del TSE. Sin embargo este no parece ser el caso.

La otra empresa encuestadora, Ipsos, cuyos resultados fueron difundidos esa misma noche por la red ATB, arrojó su resultado en boca de urna —sobre un universo del 100% de votos emitidos— dando una votación al NO en un 52,3%, frente al 47,7% por el SI. En este caso la diferencia a favor del NO es mayor con más de cuatro puntos (4,6 exactamente) que no dejan lugar a dudas. A partir de este indicador de tendencia, el sociólogo Jorge Komadina Rimassa —entrevistado por la misma red ATB— dio por sentado que esa tendencia es técnicamente irreversible, pues para remontarla y revertirla la opción por el SÍ tendría que obtener más de 200.000 votos adicionales a su caudal ya registrado.

Las autoridades gubernamentales que se aferran al “empate técnico” ignoraron deliberadamente los resultados de Ipsos-ATB basándose exclusivamente en los datos de Mori-Red Uno. Ambas encuestadoras ya habían tomado en cuenta en sus estimaciones el voto emitido en el extranjero, cuyo peso es nulo respecto a la votación final, a contrapelo del discurso oficial que pretende basar un posible triunfo del SI en el voto de migrantes que no viven en Bolivia.

Datos oficiales del TSE contra todo pronóstico

Pero fue el propio Tribunal Supremo Electoral que se encargó de echar por tierra la tesis del “empate técnico”, con resultados oficiales que se asemejan mucho más el “conteo rápido” de Ipsos-ATB, ampliamente favorable al NO, y se alejan abismalmente del sondeo “empatador” realizado por Mori-Red Uno.

A pocas horas de concluirse los primeros escrutinios oficiales la mañana del lunes, sobre el 72% de los votos válidos emitidos, el Tribunal Supremo Electoral informó que el resultado preliminar en ese momento era de 43,44% a favor del SÍ y 56,78% a favor del NO; es decir una diferencia de 13,34 puntos favorable a la negativa de reformar la Constitución.

Posteriormente el TSE actualizó las cifras parciales emitiendo el conteo oficial sobre un total del 85% de los votos válidos, dando como ganador a la opción del NO con el 53,8% frente a un 46,2% para el SI, marcando una diferencia porcentual de 7,6%, menor a la registrada en el conteo anterior cuando la diferencia era de 13,34 puntos. Estos datos se mantuvieron accesibles en la página web del TSE hasta aproximadamente las nueve de la noche del lunes, antes de que dicho sitio cayera debido a la congestión de visitas.

Los resultados oficiales muestran una leve tendencia a mejorar la votación a favor del SI, pero la tendencia ganadora del NO se mantiene inalterable y se torna inalcanzable a medida en que se suman todas las actas que siguen llegando de las regiones más alejadas del territorio nacional, faltando sólo el 15% de los votos válidos emitidos.

Un empate técnicamente imposible

Se estima un padrón electoral completo de 5’181.000 votos habilitados, según el registro biométrico del TSE.

El 85% de aquel padrón son 4’403.850 votos contabilizados hasta ayer, de los cuales el 53,8% representa al NO con 2’369.271 votos, mientras el 46,2% representa al SÍ con 2’034.579 votos válidos. La diferencia entre ambos es de 334.693 votos a favor del NO, es decir los 7,6 puntos porcentuales.

El 15% de la votación que falta ser escrutada alcanza a 775.650 votos habilitados pendientes de conteo. Para al menos emparejar al NO cubriendo los 334.693 votos que tiene en desventaja según el dato oficial, el SÍ tendría que obtener por lo mínimo el 57% de esos votos pendientes; lo cual es técnicamente imposible, pues aún reduciendo el NO del 53,8% actual a sólo el 43% (extremo improbable en condiciones normales de transparencia electoral) esta opción mantendría invariable su tendencia ganadora en el cómputo final, por lo cual la Constitución Política no podrá ser modificada; y por tanto el Presidente y Vicepresidente ya no podrán aspirar a una nueva re-elección.

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En Pampa Concordia, cerca de Arica, dentro el desierto de Atacama, el agua fluye a razón de 75 litros por segundo desde los pozos subterráneos. Pero estos no serán recargados probablemente hasta miles de años más. | Foto El Mercurio

Un estudio científico divulgado este lunes por El Mercurio de Santiago, confirmó que las reservas de agua subterránea acumuladas durante casi 20.000 años en el desierto de Atacama están disminuyendo drásticamente en este territorio del norte de Chile que perteneció a Bolivia antes de la Guerra del Pacífico. La disminución de aquellas napas subterráneas agudiza la crisis de agua dulce en el país vecino, coincidiendo con el anuncio del Gobierno boliviano para exigir pagos compensatorios y la rectificación del cauce original del manantial del Silala, en el departamento de Potosí, que forma parte del mismo ecosistema del Atacama que es un gran desierto costero enclavado en la cordillera de Los Andes.

UBICACIÓN DEL DESIERTO EN SUDAMÉRICA
En amarillo lo que tradicionalmente se considera Atacama y en naranja otras áreas desérticas colindantes como la cabecera del desierto de Atacama en el sur peruano, el Altiplano andino en Bolivia, la Puna de Atacama y el Norte Chico de Chile además del Norte argentino.

“Las reservas de agua del desierto de Atacama están llegando a su límite”, titula hoy el diario chileno en primera plana, dando cuenta de un informe elaborado por académicos de la Universidad Católica de Chile.  “Las napas no se recargan a la velocidad que se está sacando el agua. Es como cuando uno tiene una cuenta corriente bancaria y está sacando más plata de la que tiene. Esa es una conducta que no es sostenible en el tiempo”, advirtió el paleocólogo Claudio La Torre, uno de los investigadores del proyecto. “La mayoría de las napas subterráneas se formaron hace milenios”, precisó La Torre. Según sus estimaciones, “probablemente el último gran evento de recarga tuvo lugar hace 17 mil años y posteriormente hubo períodos menores hace mil y 500 años”.

Por su parte el arqueólogo Calogero Santoro, que lidera el equipo investigador, describió tres ciclos diferenciados de uso de agua en Atacama. El primero, dijo, ocurrió cuando llegaron los primeros habitantes a la zona. “Había muchos más recursos, animales y plantas, pero hace unos 10 mil años se produjo un fuerte cambio climático y una transformación ecológica, haciendo que la pluviosidad disminuyera hasta los niveles actuales. Eso produjo una diáspora hacia la costa y el altiplano”. Durante los siguientes ocho milenios se produjo un período en que los habitantes se dedicaron a la caza y recolección. Pero todo eso cambió entre los 3 mil a 2 mil años antes del presente, cuando ocurrió lo que Santoro denomina un segundo pulso de agua, por un aumento de las precipitaciones, que permitió una reactivación vegetal, por lo que la gente retornó al desierto. “Si uno tuviera una imagen de Google de la época, en la zona interior de Tarapacá observaría canales de regadío, cultivos y arboledas por todos lados”. Pero esa bonanza fue temporal. El último ciclo benigno, de mucha menor magnitud, se produjo entre el siglo XVIII y XIX, también seguido por una severa disminución de las precipitaciones que se mantiene hasta hoy.

El gran Desierto Andino en la costa del Pacífico

EXPLOTAR LAS NEBLINAS “CAMANCHACAS”
Los científicos chilenos creen posible iniciar una nueva fase de desarrollo del desierto de Atacama a través de un cambio en la fuente de obtención del agua en su estructura freática.
La candidata con mejores posibilidades para los especialistas es la camanchaca.
La camanchaca (del aimara: kamanchaka, “oscuridad”) es un tipo de neblina costera, dinámica y muy copiosa. Se trata de condensación en altura que se mueve hacia zonas costeras por el viento y se produce gracias al anticiclón del Pacífico.
Específicamente, durante el día el mar absorbe calor irradiado por el sol actuando como moderador térmico. Durante la noche y la madrugada libera este calor, que a la vez produce vapor. Este vapor en la mañana no sube lo suficiente a causa del anticiclón del Pacífico, este vapor permanece y es exactamente igual que la vaguada costera, o niebla costera. A medida que transcurre el día esta vaguada se calienta con el sol y se eleva, como nube orográfica, la que finalmente es dispersada por la alta presión del anticiclón del Pacífico. En algunos lugares de la costa chilena se usan dispositivos, llamados atrapanieblas, para captar agua de la camanchaca obteniendo excelentes resultados.
Es así como se aseguraría que con solo 4% de la humedad anual acumulada a partir de esta fuente se podría cubrir la demanda minera, agrícola y urbana del Norte de Chile.
Entretanto no se desarrolle esa nueva tecnología, a Chile no le queda otra alternativa que seguir utilizando las aguas bolivianas del Silala.

El desierto de Atacama es el más árido del planeta. Es un lecho seco del mar que se habría originado en la era Cuaternaria paralelamente a los salares (Uyuni y Coipasa en Bolivia, Atacama en Chile y Hombre Muerto en Argentina) que forman parte de esta mega-región en la costa del Pacífico.  Abarca una superficie aproximada de 105.000 kilómetros cuadrados sobre la franja norte de Chile, limitando con Perú, Bolivia y Argentina. Este desierto se formó como un fenómeno climatológico relacionado con la corriente de Humboldt (traslado de corrientes frías de la Antártida hacia el norte de la cordillera sudamericana hasta llegar a la Amazonia) propio de la cordillera de los Andes denominado “Efecto Fohen”, el cual “provoca que las nubes descarguen sus precipitaciones en una cara de la montaña en su ascenso vertical, por lo que, al sobrepasar la cordillera las nubes no poseen agua, generando así un desierto al bloquear por completo todas las precipitaciones posibles provenientes del Oeste”. Toda la humedad creada progresivamente por las brisas marinas se condensa a lo largo de las escarpadas laderas de la cordillera de la Costa que dan hacia el Pacífico, creando ecosistemas costeros altamente endémicos compuestos por cactus, suculentas y otros ejemplares de flora xerófila.

En el desierto de Atacama, una lluvia posible de ser medida —es decir, de 1 mm o más— puede tener lugar una vez cada 15 o 40 años —se han registrado periodos de hasta 400 años sin lluvias en su sector central—. Esta zona registró dos récords meteorológicos mundiales: Arica anotó el promedio anual de lluvias más bajo del mundo, alcanzando tan solo 0,5 mm; e Iquique registra la sequía más larga del mundo al contar 16 años sin una sola gota de lluvia.

Hasta antes de la Guerra del Pacífico que se produjo entre 1879 y 1884, el desierto de Atacama perteneció en gran proporción a Bolivia y en menor parte al Perú. Tras la Fundación de la República, Atacama fue una provincia del departamento de Potosí con su capital San Pedro de Atacama, colindante con la provincia Lípez, y en 1867 Melgarejo creó el departamento del Litoral son sus dos secciones provinciales: Cobija y San Pedro de Atacama. La parte peruana del desierto abarcaba Arica y Tarapacá.

La derrota del Pacífico le permitió a Chile apoderarse de este ecosistema marítimo-andino donde la escasez de agua dulce —recurso oculto en manantiales y lagunas al otro lado de la cordillera, en Bolivia— es compensada con ingentes riquezas minerales en yacimientos de Antofagasta, Calama, Mejillones, Chuquicamata, Loa y otros territorios uru-aymara-puquinas que pertenecían a Bolivia antes de la invasión chilena de 1879. Gracias a ello Chile es hoy uno de los principales exportadores mundiales de cobre, mineral explotado con agua dulce de Bolivia proveniente ilegalmente del Silala.

En el desierto de Atacama se halla también el observatorio astronómico natural más importante del planeta. Su altura respecto al nivel del mar, la escasa nubosidad, la casi inexistente humedad del aire y la lejana contaminación lumínica y radioeléctrica hacen que la visibilidad de su cielo nocturno sea muy nítida. Debido a esto, más de una docena de observatorios se ubica en este lugar como Paranal, el complejo astronómico más avanzado y poderoso del planeta;  ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo; y La Silla, entre otros.

El desierto crece y amenaza a Santiago de Chile

El embalse La Paloma en la Cuarta Región Coquimbo, llegó a un nivel histórico de déficit sin precedentes como una continuidad del Desierto de Atacama más alá de su frontera natural. | Foto La Tercera

El 8 de julio del pasado año 2015, el periódico chileno La Tercera informó que el desierto de Atacama está expandiendo su aridez más allá de su territorio natural, acercándose a la ciudad de Santiago, la capital de Chile. “El desierto de Atacama se encuentra a menos de mil kilómetros de Santiago, si se considera  el norte de la ciudad de Copiapó como su frontera natural”, advierte el informe.

Según Francisco Ferrando, geógrafo de la Universidad de Chile, citado por La Tercera, el desierto de Atacama viene rompiendo su frontera natural que terminaba en el municipio minero de Copiapó, y se está expandiendo hacia la Cuarta Región afectando las tierras del puerto de Coquimbo. “La región sobrevive con apenas un 6% de la capacidad de agua embalsada”, informó La Tercera.

Algunas estimaciones apuntan a que el desierto está “avanzando” un kilómetro por año. Sin embargo, Pablo Sarricolea, geórafo de la U. de Chile, aclara que no es tan fácil determinarlo. “Hay muchas cifras preliminares. Hace un par de años se hablaba de 400 metros por año, pero no hay nada concreto”, dijo Pablo Sarricolea, otro de los investigadores.

El caso de la Región de Coquimbo ha demostrado que las actividades humanas propician el avance del desierto con el mal manejo del pastoreo, por ejemplo, que compacta el suelo y hace que cuando llueve la pérdida sea más rápida. Una gestión integral podría detener o ralentizar el avance.

“El desierto no es sólo ausencia de agua, sino que la pérdida total de condiciones de fertilidad de los suelos”, explica Sarricolea. En las regiones de Valparaíso y Metropolitana, más pobladas, los incendios se están transformando en el gran aliado de la desertificación. “Hay que poner atención a ellos y generar nuevas áreas protegidas, parques naturales o reservas, cosa que estas zonas no sean usadas productivamente y con ello disminuyen las posibilidades de que el suelo pierda su fertilidad”.

Silala: Agua o muerte para Chile

PISAR FUERTE EN EL SILALA
En su edición del 13 de octubre del 2006, El Mercurio destacó el posicionamiento de un puesto militar boliviano en la zona fronteriza del Silala, en el departamento de Potosí, donde nacen manantiales de agua dulce desviados a Chile hace 98 años. Reporteros de El Mercurio que se desplazaron a esa zona fronteriza observaron que el Ejército boliviano comenzaba a sentar soberanía en el Silala, anotando que mientras se construye un nuevo cuartel a orillas del manantial, “los soldados bolivianos deben dormir en carpas, las que están coronadas con una bandera de su país”. El Mercurio recordó que en septiembre de ese mismo año el presidente Evo Morales anunció la instalación de puestos militares para resguardar la frontera nacional y precautelar los recursos naturales de la zona, en alusión al conflicto por la utilización de las aguas del Silala que mantiene con Chile.
El nuevo cuartel está emplazado sobre una colina, “que les otorga a sus ocupantes una visión privilegiada”, a cinco mil metros sobre el nivel del mar, y se encuentra a 85 kilómetros del poblado chileno de Chiu-Chiu, en la Segunda Región del país vecino. Los efectivos son soldados jóvenes, “que visten uniformes gastados y fusiles marca SIG”. Según admitieron los soldados bolivianos ante los periodistas chilenos, las patrullas están sometidos a turnos de 20 días y “tienen orden de disparar a todo lo que se mueva”. Por el lado chileno, a unos 30 kilómetros del límite fronterizo, describió El Mercurio hace diez años, se ubica el retén de Carabineros de Inacaliri. “Sus efectivos deben patrullar la frontera y cuidar los pasos fronterizos no habilitados para abortar operaciones de traslado de drogas. Este año han detectado 120 kilos de droga, que burreros a pie intentaba ingresar ilegalmente al país”. El suboficial chileno Marcelino Varas es el jefe del destacamento, que se localiza a 4.050 metros sobre el nivel del mar. Asegura que no existe ningún tipo de contacto con los funcionarios fronterizos bolivianos. Hacia el lado de Bolivia el pueblo más cercano es Alota, un caserío que se ubica a unos setenta kilómetros del nuevo recinto militar boliviano.

Chile demandará a Bolivia si éste país presenta a su vez una querella ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por el uso de las aguas del río Silala, en la zona limítrofe, anunció este lunes la presidenta Michelle Bachelet.

“Chile va a contrademandar a Bolivia para resguardar sus derechos”, dijo hoy la presidenta Michelle Bachelet, tras reunirse con el canciller Heraldo Muñoz, donde se trató el anuncio oficial de Bolivia de iniciar una nueva demanda contra el Estado chileno en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el uso de las aguas del Silala.

Al parecer, la nueva ofensiva boliviana en La Haya afectará los intereses empresariales más poderosos de Chile que siguen beneficiándose con el desvío ilegal del Silala para el desarrollo de actividades mineras en la región de Atacama. El Gobierno chileno intenta hacer prevalecer una cláusula del Tratado de 1904 que le permitía acceder a esas aguas dentro el territorio boliviano para activar el tren de Antofagasta a Oruro. Chile desvirtuó esa cláusula canalizando el manantial hacia su territorio para usos ajenos a los previstos en el Tratado del 904.

Hace 98 años, el 23 de septiembre de 1908, y en el marco del Tratado de 1904, la Prefectura de Potosí otorgó la “concesión y consiguiente adjudicación del uso de las aguas que forman unas vertientes denominadas Siloli (Silala) existentes en la comprensión del Vicecantón Quetena de la provincia Sud Lipez de este departamento”.

La concesión del flujo de los manantiales fue otorgada a la empresa chilena “The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway” para abastecimiento de las locomotoras a vapor del ferrocarril. En dicha concesión se olvidó el detalle de especificar el monto que la empresa concesionaria debería pagar por su uso del agua, y si el pago debería ser mensual o anual. Así que hasta ahora los concesionarios no pagan ni un centavo por el uso de estas aguas.

A partir de los años cuarenta del pasado siglo XX, las locomotoras a vapor del ferrocarril chileno fueron sustituidas por máquinas a diesel, las cuales no requerían agua para funcionar. “Por tanto”, explicó el escritor bolivianista Cástulo Martínez, “la concesión terminaba en ese mismo momento; pero la empresa Railway, que ya no tenía derecho a seguir usando dichas aguas, las usó para venderla a consumidores chilenos de las ciudades aledañas, dando así un uso distinto al previsto en la concesión original”. Las poblaciones chilenas que se benefician con la aducción de los manantiales de Quetena son principalmente Calama, Chuquicamata y Antofagasta, dentro la región de Atacama.

“Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway” cambió de razón social y actualmente es conocida como “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB)” y pertenece al grupo económico chileno Luksic (que vendió sus acciones el pasado año al inversor venezolano Carlos Gill, aparentemente a espaldas del Estado boliviano).

Andrónico Luksic, uno de los más grandes potentados chilenos ligado a capitales norteamericanos y asiáticos, con intereses agroindustriales en el oriente de Bolivia, se negó a pagar al Estado boliviano una deuda aproximada, según la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, de 900 millones de dólares acumulados desde 1908 por el uso ilegal de las aguas del Silala, arguyendo que dicha fuente es un río internacional y no un manantial.

En 1997, durante el régimen de Sánchez de Lozada, la prefectura de Potosí decidió revertir esas aguas a dominio fiscal, en un proceso que culminó con la rescisión de un contrato con la empresa boliviana Ductec, que presionaba para cobrar en su favor la deuda chilena ($us 7 millones a partir de la concesión Ductec), “en un conflicto binacional que podría ser resuelto arbitralmente en el Tribunal de La Haya, si es que antes no surge algo más violento”, según advertimos en un artículo que publicamos en octubre del 2006.

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Los obispos que forman la Conferencia Episcopal presentaron su Carta Pastoral “Hoy pongo ante ti la vida o la muerte”, advirtiendo que la cocaína comienza a gobernar en Bolivia. | Fotomontaje Sol de Pando

Luego de presentar una nueva Carta Pastoral sobre la realidad del narcotráfico en el país, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) pidió este viernes al gobierno de Evo Morales que la Iglesia tenga “la oportunidad para poder participar en la redención de las personas que han caído en la drogadicción y hacer que las instituciones fortalezcan su compromiso para enfrentar este problema”.

La propuesta, según informó hoy el portal “Iglesia Viva”, órgano oficial de la CEB,  fue oficializada por monseñor Aurelio Pessoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal, quien además fue el encargado de presentar el documento “Hoy pongo ante ti la vida o la muerte“, título de la Carta Pastoral que aborda la problemática del narcotráfico y la drogadicción con notable rigor científico e informativo.

“Lo que nos interesa es abrir un debate amplio donde todas las instituciones se sientan comprometidas con este problema que nos atañe a todos, nuestra intención no es atacar una u otra institución, sino convocar a todos para asumir esto como un problema de nuestra Bolivia, necesitamos el esfuerzo de todos”, dijo por su parte monseñor Eugenio Scarpellini, Obispo de la Diócesis de el Alto, enfatizando que la lucha contra el narcotráfico “es un trabajo de todos incluidos: Estado, misiones públicas, organizaciones internacionales, policía, Iglesia, justicia, educación y salud”.

“Cada uno de nosotros, el Gobierno, el sistema judicial, la Policía y Fuerzas Armadas, los organismos internacionales y las organizaciones sociales de base debemos movilizarnos y asumir las responsabilidades que nos toca. Todos estamos convocados a dejar la comodidad y resignación para dar testimonio de vida y dignidad, confiados en la fuerza renovadora del Espíritu de Jesús”, declaró por su parte monseñor Pessoa leyendo un comunicado oficial para la presentación de la Carta Pastoral.

Al cierre de esta edición no hubo aún reacción oficial del Gobierno sobre esta propuesta de los obispos para incluir a la Iglesia Católica boliviana en los planes de lucha anti-droga.

Defensa de la hoja de la coca frente a la cocaína

A tiempo de oficializar la publicación del extenso estudio eclesiástico, monseñor Pessoa leyó el comunicado de presentación en el cual se destaca una clara defensa del uso ritual y cultural de la hoja de coca, en contraposición a los efectos destructivos del individuo y la sociedad que implica su transformación en cocaína.

“El consumo tradicional de la coca, desde tiempos ancestrales, tiene un valor cultural y medicinal, especialmente en la vida de los pueblos andinos de Bolivia. La hoja de coca no es mala, lo malo es su transformación en cocaína y quien se dedica a cultivarla para la producción de drogas ilícitas es parte de la cadena del narcotráfico y tiene una responsabilidad ética y penal ineludible”, afirma el comunicado leído por el Secretario General de la CEB.

Esta posición de los obispos bolivianos coincide con la línea editorial de Sol de Pando que considera a la cocaína como un perverso factor colonizador de la hoja de coca, su antítesis letal.

Un Carta Pastoral que sigue la línea del Papa

El papa Francisco exhortó a sus obispos en la Catedral Metropolitana del Distrito Federal a luchar contra el narcotráfico como soldados de Dios. | Foto Reuters

El pasado 13 de febrero, durante su visita a México, el Papa Francisco convocó a los obispos de su Iglesia tomar una posición activa en la lucha contra el narcotráfico.

“Sean obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia” — dijo Francisco—. “No se dejen corromper… No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales”, aludió a los capos corruptores del narcotráfico.

En cumplimiento de esa consigna papal, los obispos bolivianos toman la iniciativa de intervenir en el tema a partir de una Carta Pastoral que desnuda las fragilidades del Estado Plurinacional ante la expansión destructiva de la cocaína, problema que no sólo pone a Bolivia ante el estigma internacional de ser un importante país productor de la droga, sino también vulnerabiliza a la sociedad, especialmente la juventud, ante el creciente consumo de cocaína.

El documento es un estudio minucioso de 48 páginas (bajar la Carta Pastoral en PDF) que se elaboró en base a datos de diversas fuentes oficiales como el Reporte Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el Monitoreo de Cultivo de Coca 2014 e informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras. Asimismo fueron citados documentos eclesiales como: Aparecida, Evangelii Guadium, Bula Misericordiae Vultus, discursos del Papa Francisco en Palmasola en su visita a Bolivia, etcétera, según detalló el portal Iglesia Viva.

“Como es de dominio público, el narcotráfico, en su estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente como en el pasado“, se lee en la Carta Pastoral “Hoy pongo ante ti la vida o la muerte”.

“Nadie parece querer abrir en verdad esta oscura caja de extrañas connivencias entre lo lícito y lo ilícito. Las denuncias se diluyen rápidamente en la penumbra y quedan en la nada, lo que nos hace temer que se trate de problemas con muchas y graves connotaciones que nuestra sociedad no sabe y, en algunos casos, no quiere enfrentar”, advierte el documento.

“El narcotráfico, en un contexto de deficiente fiscalización y de corrupta administración de la justicia, representa un grave peligro para la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y jurídica, la soberanía del Estado y el desarrollo del país” —señala el diagnóstico—. “Es un poder difícil de contrarrestar y que frecuentemente actúa en la impunidad. Esta situación origina un sentimiento de frustración y desconfianza de la población hacia la administración de la justicia, lo cual lleva, en muchos casos, a buscar al margen de la ley respuestas a la problemática de la violencia y de la inseguridad”.

El informe eclesiástico recuerda casos emblemáticos de protección y fomento estatal al tráfico internacional de cocaína como los de los jefes policiales René Sanabria y Oscar Nina, condenados y encarcelados por involucrarse en este delito. Cita también el escándalo de empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB), que fue infiltrada por funcionarios y contratistas ligados al narcotráfico para usar la infraestructura estatal en el traslado de cocaína a la Argentina.

¿Economía boliviana próspera y narcotizada?

En otra parte importante de su Carta Pastoral, los obispos expresan sin ambages su preocupación por el retorno de una economía nacional crecientemente alimentada por el dinero ilícito del narcotráfico.

“La economía de nuestro país se nutre, en parte, de recursos provenientes del narcotráfico, lo que la distorsiona”, dice la carta episcopal. Al respecto, los obispos reafirman  lo expresado en la Carta Pastoral  “Los católicos en la Bolivia de hoy”: “El narcotráfico tiene un elevado impacto en la economía nacional.  Esto falsea las condiciones económicas del mercado productivo. Una verdadera lucha contra este mal debe atacarlo también en sus movimientos financieros”.

La Iglesia se muestra asimismo partidaria de combatir sin cuartel el lavado de dinero que genera el narcotráfico produciendo una ola de legitimación de ganancias ilícitas que ahondan las brechas sociales en pleno “proceso de cambio”:

“El lavado de dinero, el movimiento financiero que ello genera, contribuye a la liquidez monetaria y crecimiento de los sectores de servicios y consumo que afectan y desincentivan lo productivo y a sectores generadores de empleo. Contribuye a un escenario de crecimiento económico, pero anulando el desarrollo”.

Ante esta realidad, la Iglesia católica de Bolivia le pide al Gobierno de Evo Morales ser partícipe de las campañas oficiales para combatir el flagelo, enmarcándose en el espíritu de la Misericordia que es línea oficial de la catequesis marcada este año por el Papa Francisco.

“Por eso la Iglesia, al tiempo que reconoce responsabilidades diferenciadas de cada persona e institución involucradas en la cadena del narcotráfico, no puede dejar de denunciar y juzgar el mal y el pecado anunciando el perdón e invitando a la conversión, ya que todo lo que deshumaniza al ser humano es pecado”, dice uno de los puntos conclusivos de la nueva Carta Pastoral.

Presentación de la Carta Pastoral “Hoy pongo ante ti la vida o la muerte” | VIDEO

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Datos que surgen en Cochabamba señalan que una empresa boliviana “offshore”, Soelbo, gestionada por el consorcio  jurídico panameño Mossak Fonseca,  fue la encargada de vender acciones de la distribuidora eléctrica Elfec a la telefónica Comteco; mientras la Ministra de Transparencia insinuó que el empresario Samuel Doria Medina habría llevado al paraíso fiscal unos $us 300 millones por la venta de sus acciones en Soboce, aunque el empresario se apresuró en desmentir tal versión. En todo caso se aguarda que los periodistas autores del informe “Panama Papers” den a luz la identidad de las 95 empresas bolivianas que funcionan en Panamá, de  los 18 gestores que usan los servicios de Mossack Fonseca para crear esas empresas, de los ocho beneficiarios y dueños reales de esas compañías “offshore” y de los 35 accionistas que podrían ser activos testaferros. Entre estos bolivianos podrían emerger desde prósperos narcotraficantes “encubiertos”, empresarios evasores y elusores de impuestos, así como políticos y funcionarios públicos corruptos del más alto nivel…

El Armagedon del siglo XXI parece haber comenzado y una chispa casi incipiente del Big Ban informativo estalla en Bolivia casi por añadidura, suficiente para incendiar al país cuando se desencripten los datos aún marginales. Nuestro país figura al final de la lista de los diez estados nacionales de Sudamérica, apenas antes de los estados recién descolonizados el pasado siglo —Guyana y Surinam— cuyo registro de empresas “offshore” canalizadas por el consorcio Mossack Fonseca promedia el cero. Por la reducida participación boliviana en la carpeta de clientes del consorcio panameño, el informe periodístico que estremeció al mundo ha omitido los datos de Bolivia y se darán a  luz en una segunda entrega prevista para mayo con parte de la voluminosa información rezagada.

Según los “Panama Papers”, que es el título de la colosal revelación periodística, Mossack Fonseca creó un total 11.469 compañías “offshore” sudamericanas (no sólo en territorio panameño sino también en paraísos fiscales vecinos como las Bahamas e Islas Caimán, o las Islas Vírgenes británicas), de las cuales 95 empresas de este tipo, es decir el 0,83%, provienen de Bolivia.

De los 930 clientes sudamericanos del consorcio de Panamá que operan como gestores para la tramitación y creación de compañías “offshores”, un total de 18 (1,93%) serían bolivianos.

El registro indica asimismo que Mossack Fonseca tiene 1.795 beneficiarios (dueños reales del capital y sus utilidades) en toda Sudamérica, de los cuales un 0,44%, es decir ocho adinerados de alto vuelo, son de Bolivia.

Finalmente, Sudamérica figura en los Papeles de Panamá con 8.044 accionistas (en gran mayoría sospechosos de ser “palos blancos”) que forman parte de las 11.469 compañías “offshore” creadas por Mossack Fonseca. El 0,43% de esta masa societaria, es decir 35 accionistas, viven en Bolivia.

Las cuatro categorías en los “Panama Papers”

La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) clasifica a los grupos corporativos y personas individuales vinculadas a Mossack Fonseca (uno de cientos de consorcios que operan en todos los paraísos fiscales del mundo ayudando a ocultar dinero extraterritorial) en cuatro categorías: Compañías, Clientes, Beneficiarios y Accionistas. Si bien parecen sinónimos, en el mundo de los “offshore” estas categorías se explican y diferencian así:

Compañías: Sociedades Anónimas que se constituyen bajo la modalidad de empresas “offshore”, es decir fuera del territorio de origen de sus capitales, gozando de absoluta confidencialidad bancaria.

Clientes: Son los operadores y gestores que intermedian entre los beneficiarios y el consorcio creador de los “offshores” dentro el paraíso fiscal (en este caso Mossack Fonseca en Panamá), cuya misión es realizar todos los trámites pertinentes en territorio panameño para constituir las compañías por encargo de los beneficiarios y accionistas.

Beneficiarios: Aquellos que reciben las utilidades en sus cuentas de un banco suizo o panameño y son los dueños reales de los capitales que se reciclan en los paraísos fiscales. Existen dos tipos de beneficiarios: legales, porque usan los “offshore” como terreno neutral de actividades trasnacionales, declarando y pagando impuestos en sus países de origen (es el caso de jugadores del fútbol mundial o artistas de fama internacional); e ilegales, porque usan este sistema permisivo para lavar dinero de origen dudoso utilizando socios accionistas como palos blancos (es el caso de narcotraficantes, empresarios evasores de impuestos y funcionarios públicos corruptos).

Accionistas: Son las personas que integran las sociedades anónimas “offshore”, de cuya idoneidad empresarial no hay duda en caso de ser legal la actividad de sus compañías; pero también pueden ser testaferros (“palos blancos”) que encubren a los beneficiarios principales: habitualmente pertenecen al entorno íntimo del propietario real del dinero, ya sean familiares o subalternos políticos.

La incógnita provoca ansiedad en Bolivia

La presunta existencia de empresas y empresarios bolivianos que realizaron operaciones extraterritoriales con el consorcio Mossack Fonseca, al conocerse los mapas referenciales del informe “Panama Papers”, fue motivo de una cierta frustración especialmente en los círculos periodísticos que no pudieron acceder a los datos específicos del país, todavía encriptados hasta mayo.

Cunde la ansiedad por establecer cuáles son las 95 empresas “offshore” creadas para Bolivia por el consorcio panameño, por conocer los nombres de los 18 gestores o tramitadores bolivianos que usan los servicios de Mossack Fonseca para crear empresas “truchas” fuera del territorio del Estado Plurinacional, por identificar a los ocho capitalistas principales que generan este movimiento de fuga de dinero para beneficio directo, y por saber quiénes son los 35 socios (auténticos o testaferros) de esos ocho propietarios reales de las 95 compañías.

Hace pocas horas la ministra de Transparencia Lenny Valdivia, quien anteriormente ejerció el cargo de ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), dirigió una carta al grupo periodístico ICIJ solicitando la información que sobre Bolivia se entrevé en el mapa referencial del reporte “Panama Papers”.  “En Bolivia nos interesa saber el modo de operar de las personas o empresarios privados que habrían realizado estas operaciones o inversiones en paraísos fiscales, a objeto de que podamos establecer si hay indicios e iniciar una investigación y establecer si éstos incurrieron en delitos de orden público”, dijo Valdivia al informar sobre la solicitud enviada a Marina Walker, vicepresidenta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Otra fuente importante de la información que requiere el Ministerio de Transparencia es la propia Embajada y los consulados de Bolivia en Panamá. La información diplomática permitiría descartar a las “offshores” bolivianas que no cometen delitos de lavado de dinero y realizan actividades legales pagando sus impuestos al Estado Plurinacional e ingresando al territorio panameño con el visto bueno de la Embajada. Actualmente el Embajador de Bolivia en Panamá es el ex Prefecto de Pando, un militar, el contraalmirante Rafael Bandeira Arze.

Dos casos bolivianos bajo sospecha

Según la Ministra de Transparencia, un “candidato” a figurar en la lista de los “Panama Papers” sería el empresario y dirigente político Samuel Doria Medina, quien habría sacado del país aproximadamente $us 300 millones que obtuvo por la venta del 51,35% de sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Es habitual entre empresarios indolentes expatriar sus utilidades para evadir impuestos, o crear empresas activas en paraísos fiscales para eludir obligaciones tributarias en sus países de origen.

“Doria Medina ha vendido sus acciones en aproximadamente 300 millones de dólares, y para eludir el pago de impuestos en nuestro país lo que ha hecho es transar en la Bolsa Boliviana de Valores y esos dineros los ha sacado afuera, para eludir el control de sus operaciones”, advirtió Valdivia a tiempo de revelar que dichos recursos económicos no ingresaron al sistema financiero nacional.

El empresario no tardó en responder desmintiendo a la Ministra de Transparencia. Doria Medina negó que aquellos $us 300’000.000 fueron expatriados a un paraíso fiscal y admitió que se hallan “a buen recaudo” dentro el país, para evitar que el Gobierno del cual es acérrimo opositor le confisque ese capital.

Por otra parte, el diario Los Tiempos de Cochabamba reveló que la Sociedad Eléctrica Boliviana (Soelbo), sociedad anónima a la que la telefónica Comteco compró las acciones de Elfec, es una “offshore” creada en Panamá por el bufete de abogados Mossack Fonseca, según consta en el sitio opencorporates.com.

En las denuncias de supuesto daño de $us 17 millones causado a Comteco por esa compra de acciones de Elfec, se decía que Soelbo era una firma fantasma.

Los datos a que figuran en Open Corporates sugieren que Soelbo no utilizó clientes bolivianos (gestores) de  Mossack Fonseca para realizar los trámites de su constitución, sino directamente al consorcio panameño, cuyo staff aparece integrando el directorio del “offshore” cochabambino. El representante legal de Soelbo en Bolivia era Javier de Udaeta, quien también fue gerente general de Elfec. La empresa “offshort” funcionó apenas dos años entre su creación y disolución: del 3 de julio del 2007 al 11 de junio del 2009, mientras se procedía a la transacción. La compra de las acciones de Elfec a Soelbo, por parte de Comteco, se consumó el año 2008, bajo la presidencia de Carlos Zenteno en la Directiva de la telefónica, siendo Fernando Gamboa Gerente General de la misma.

En noviembre de 2011, Udaeta y otros personeros de Elfec fueron imputados por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y creación de sociedades ficticias, supuestamente cometidos durante el negocio de compraventa de las acciones de Elfec a Comteco con su exsocia estadounidense PPLG Bolivia Holding Company Ltda.

La denuncia, que abarcaba evasión de impuestos, fue realizada por el interventor de Elfec, Álvaro Herbas, en julio de ese año, quien acusó a los involucrados de haber creado empresas ficticias fuera del país para cerrar el negocio con PPLG Bolivia Holding Company Ltda, de capitales estadounidenses, que controlaba Elfec y su subsidiaria Integra con 521.994 acciones que representaban el 92,12 por ciento del total. Según la denuncia, “las compañías abiertas en Panamá son Cochabambina de Electricidad SA, Trabajadores de Luz y Fuerza SA y Soelbo, siendo las dos primeras propietarias de la tercera a la que finalmente la PPLG transferiría las acciones de la empresa Luz del Valle, controladora de Elfec e Integra”.

El exgerente general de Comteco Fernando Gamboa, en cuya gestión se realizó esa transacción, dijo a Los Tiempos que para efectuar la compra de acciones de Elfec se encargó un análisis legal que verificó que Luz del Valle era la dueña de las acciones de Elfec y de Integra. Dijo también que lo que Comteco compró fue “una propiedad real, de una empresa de carne y hueso (…)” y añadió que la cooperativa actuó como agente de retención de impuestos por aproximadamente 3 millones de dólares, que era lo que correspondía por la transacción.

El panorama sudamericano

Las 11.469 compañías “offshore” creadas por Mossak Fonseca para Sudamérica, junto a sus 930 clientes gestores, 1.795 beneficiarios y 8.044 accionistas, constituyen un complejo escenario de contradicciones y paradojas.  Por ejemplo, el país sudamericano que encabeza el ranking con casi 5.000 empresas creadas en este paraíso fiscal es Uruguay, cuyo y territorio y población son los más reducidos del subcontinente.

El caso del Perú es muy llamativo, pues tiene menos empresas “offshort” que Bolivia, apenas 52 (Bolivia 95); aunque registra una cantidad desbordante de beneficiarios, 290, muy por encima de Uruguay. A la vez, Perú es el segundo país sudamericano con mayor cantidad de accionistas (1.391) suscritos en las compañías peruanas constituidas en Panamá

En todos los casos, con solo tres excepciones (Bolivia, Guyana y Surinam), el informe “Panama Papers” revela nombres de empresas, empresarios, políticos gobernantes y opositores, artistas y deportistas que poseen “empresas ofshort” en este y otros paraísos fiscales. No todos los casos son oscuros. Los periodistas que investigaron el tema insisten en aclarar que el informe no implica acusaciones a priori, pues este tipo de compañías pueden también ser creadas lícitamente, sin evadir ni eludir impuestos en sus países de origen, realizando actividades extraterritoriales propias de la economía globalizada.

Un político uruguayo, Sergio Abreu, explicó la razón de ser de las empresas “offshore” con una interesante comparación: “Es como que vos vendés un cuchillo y no sabés si el comprador va a matar a la madre, al padre y al hijo o va a cortar un churrasco”.

El caso uruguayo

En Uruguay precisamente, país que encabeza la lista, viene resonando el nombre de Juan Pedro Damiani, actual presidente del club Peñarol y miembro del Comité de Ética de la  Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Según los registros del consorcio Mossak Fonseca develados por la investigación de ICIJ, Damiani y su buffete de abogados trabajaron para siete sociedades “offshore” vinculadas a Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA, acusado de fraude y blanqueo de dinero por el FBI en Estados Unidos, extraditado a Uruguay y ahora en prisión. En febrero le incautaron a Figueredo propiedades valuadas en más de $us 10 millones. Las filtraciones también revelan que Damiani supuestamente hizo de intermediario de una empresa registrada en Nevada (Estados Unidos) vinculada a Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo acusados de pagar millones de dólares en sobornos para adjudicarse derechos de televisión de eventos de la Conmebol. Otro de los documentos menciona que el futbolista argentino Lionel Messi utilizó un “despacho uruguayo” para constituir una sociedad panameña con el objetivo de seguir facturando sus derechos de imagen sin que se paguen los impuestos respectivos en España.

Tres capos del Estado en Ecuador

En Ecuador el escándalo mundial le salpicó al actual Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, que según “Panamá Papers”  creó en los años 90, antes de ser Fiscal, su empresa ”offshore” conocida como “Madrigal Finance Corporation”, mediante los servicios de Mossak Fonseca. Según El Comercio de Quito que se contactó con el mismo consorcio panameño, Galo Chiriboga presentó una solicitud a la firma que fue recibida a través de un cliente (tramitador) profesional.

Otro nombre notable que entró al baile es de un familiar del presidente Rafael Correa, Pedro Miguel Delgado Campaña, que dirigió el Banco Central del Ecuador. De acuerdo con la información filtrada, Delgado es un cliente de Mossack Fonseca, es decir tramitador, habiendo procesado una hipoteca en nombre de su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en Miami. La hipoteca de $us 190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.

Se reveló igualmente que el Ministro encargado de la  Secretaría de Inteligencia de Ecuador (Senain), Rommy Vallejo, aparece relacionado en los “Panama Papers” con Javier Molina, quien fue asesor externo de la Senain entre 2014 y 2015 y representante en Quito de Mossack Fonseca hasta el año 2011.

Colombia, matices entre lo legal y lo ilegal

Según Connectas, el medio colombiano que participó en la investigación de ICIJ, un concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, el empresario Carlos Gutiérrez Robayo,  aparece mencionado en los documentos. “Desde 2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañías ‘offshore’ y tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”, según los documentos.

El empresario Alberto Ríos es otra de las personalidades colombianas que se han mencionado en este escándalo financiero internacional. Ríos es un empresario de gran cercanía con el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y con los hermanos Nule, protagonistas del desfalco a Bogotá a través del carrusel de contratos y en el que resultó involucrado el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.

Connectas.org aclaró empero que el hecho de ser mencionado en este listado no significa que sus actividades sean ilegales y enfatizó en que Ríos siempre ha resaltado la transparencia de sus finanzas a través de sus “declaraciones de renta”, sin embargo, aseguró que sí aparece en algunas conversaciones que lo relacionan con el grupo de abogados Mossack Fonseca.

Carlos Eduardo Huertas, representante de Connectas, dijo que el imaginario que se tiene es que los involucrados en este tipo de operaciones son narcotraficantes, secuestradores o mafiosos, y aclaró que hasta el momento no se ha encontrado en ese listado a nadie con ese perfil y que por el contrario “los nombres que aparecen allí corresponden a personalidades públicas y empresarios que gozan de gran reconocimiento”.

Brasil, escándalo financiero y crisis política

“Panama Papers” muestra a 107 empresas “offshore” vinculadas a personas o firmas envueltas en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL, que investigó la vertiente brasileña de “Panama Papers”. Los documentos señalan además que la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas extraterritoriales a políticos pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos. En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. También hay del partido opositor PSDB.

Una de las “offshores” que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción, aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de “Panama Papers” negó poseer cuentas en el exterior. La investigación concluyó que algunas de las empresas “offshore” operadas por Mossack están vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.

La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.

Más escándalo en el chavismo de Venezuela

La palabra “Venezuela” aparece en 241.000 documentos de los “Panama Papers”. El caso que más comentarios genera es el de Adrián Velásquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez, que el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la victoria de Maduro en las presidenciales, formó una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca. Velásquez y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen ahora en República Dominicana, según informan medios venezolanos. Otros funcionarios del gobierno, así como de las Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela, registraron empresas —algunas sin actividad comercial, según los reportes— en paraísos fiscales.

Argentina, los Macri y los Kirchner

Según los documentos, el presidente Macri integró el directorio de una sociedad “offshore” registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998. Identificada como “Fleg Trading Ltd.”, el actual presidente figuró como su director y vicepresidente. La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “Es una operación legal”, se defendió Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre, Franco Macri. “Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño”, dijo el nuevo Presidente argentino que reemplaza a Cristina Kirchner.

También se vio señalado en los documentos Daniel Muñoz, secretario y hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner. Muñoz sirvió durante dos años como asistente de la esposa de Kirchner, Cristina Férnandez, presidenta de 2007 a 2015.

El nombre del empresario Lázaro Baez, acusado de lavar en cantidades industriales dinero desviado de las obras públicas durante el régimen de la familia Kirchner, volvió a aparecer en escena. Se confirmó que Báez montó una gigantesca estructura de lavado de aquel dinero proveniente de la corrupción pública,  creando más de 300 empresas fantasmas en Panamá mediante los servicios gestoriales de  Mossack Fonseca.

Chile y el dinero sucio de la Gran Minería

Las revelaciones precipitaron la renuncia inmediata del presidente de Chile Transparente, el capítulo local de Transparencia Internacional, Gonzalo Delaveau Swett.

Según el Centro de Investigación Periodística (Ciper-Chile), integrante del grupo de medios que reveló la información contenida en el reporte “Panama Papers”, el bufete panameño Mossack Fonseca aparece como “agente de al menos cinco sociedades chilenas ‘offshore’ con domicilio en Bahamas y vinculadas a empresa la minera Andes Copper y en las que el abogado Delaveau ha tenido un rol clave en calidad de director o secretario de algunas de ellas”.

Otro de los nombres destacados en los documentos es el de Alfredo Ovalle Rodríguez, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio entre 2006 y 2008. Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por haber realizado negocios con el exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet. Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle, junto a su socio histórico, Raimundo Langlois, crearon en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Ambos son directores del Grupo Minero Las Cenizas y, según los documentos,usaron Sierra Leona para invertir en minería y en distribución alimentaria en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir cuentas bancarias en diferentes países. Ovalle Rodríguez no respondió a la petición de comentario realizada por Ciper.

Paraguay legisla los “offshore”

Al menos un centenar de casos vinculados a Paraguay aparecen en la histórica filtración de documentos sobre datos de empresas “offshore” creadas en paraísos fiscales entre 1977 y 2015, con asesoramiento de la firma panameña Mossack Fonseca. Muchos de estos casos están escondidos detrás de testaferros panameños.

ABC Color es el único medio paraguayo que formó parte de la investigación global realizada por unos 380 periodistas y 109 organizaciones periodísticas de todo el mundo que estuvieron trabajando a lo largo de un año, encabezadas por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Para la legislación paraguaya, crear una “offshore” no representa necesariamente una actividad ilegal a no ser que se la esté utilizando para lavar dinero, evadir impuestos o como fachada para la comisión de otros ilícitos.

En los últimos días, y ante la inminente publicación de los documentos, Mossack Fonseca comenzó a enviar correos electrónicos a todos sus clientes alrededor del mundo advirtiendo sobre la filtración de sus datos y, al mismo tiempo, hizo desaparecer de su página web la dirección de sus sucursales alrededor del mundo.

Perú, campañas electorales como lavadero

Los documentos revelados en los Panamá Papers incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de abril. Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimori y jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino, Jorge Yoshiyama Sasaki.

Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises, constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio panameño Mossack Fonseca.

Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero que Yoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista $us 61.821 y $us 61.519 respectivamente, destacó BBC Mundo.

El también candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados. Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio. Según “Panamá Papers”, dos sociedades “offshore” de Acurio fueron registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware, en Estados Unidos.

Acurio admitió a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades “offshore” y reconoció que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo. “He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (…). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer”, dijo Acurio.

Bolivia y las Guayanas

Bolivia y dos de las tres guayanas son los únicos países sudamericanos sobre los cuales “Panama Papers” no difundió datos específicos más allá de enumerar a los involucrados con Mossack Fonseca en las cuatro categorías descritas.

La República Cooperativa de Guyana, ex colonia inglesa que se independizó en 1966, registra cero compañías “offshore”, ningún cliente gestor, sólo un beneficiario y un accionista que se supone son la misma persona, no identificada.

Surinam, antigua colonia holandesa hasta 1975, no registra ni una compañía, ni cliente ni beneficiario; aunque apunta seis accionistas que podrían pertenecer a un “offshore” creado para otro país.

La Guayana Francesa, todavía colonia de Francia, no tienen ningún vínculo, cero total, con el consorcio panameño cuyos papeles han sido filtrados por los periodistas de ICIJ.

En el caso de los datos de Bolivia aún encriptados, sólo queda esperar la segunda parte del informe anunciado para mayo, o alentar la posibilidad de que ICIJ de curso sin más trámite a la información solicitada oficialmente por la Ministra de Transparencia.

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